La Junta pospone el pacto final para el PGOU por «deslealtad» del alcalde

javier garcía recio. Málaga La que se presumía iba a ser la última reunión entre responsables técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para cerrar un acuerdo definitivo para el Plan General de Ordenación Urbana de la capital (PGOU) quedó frustrada por el malestar de los responsables de la Consejería de Obras Públicas por lo que calificaron como «deslealtad institucional del alcalde», por llevar los técnicos municipales a la reunión una enésima propuesta y por permitir además que ésta se hubiese filtrado desde el propio Ayuntamiento a los medios de comunicación.
La reunión era en Sevilla. Por parte de la Gerencia de Urbanismo acudieron el gerente, Javier Gutiérrez Sordo, y otros responsables técnicos. El equipo de la Consejería de Obras Públicas estaba encabezado por Daniel Fernández Navarro, director general de Urbanismo. Estaba programada, a petición del Ayuntamiento, desde el pasado lunes con el guión previo de «pulir los últimos detalles» y dejar el documento del PGOU técnicamente listo para su posterior aprobación en un pleno municipal.
Los responsables de Urbanismo se presentaron con una «última» propuesta. Esto, según fuentes de la Junta de Andalucía, descolocó a los representantes de la consejería de Obras Públicas, que consultaron personalmente con Rosa Aguilar y la consejera decidió suspender la reunión.
El encuentro duró apenas unos minutos, por lo que la reunión prácticamente no se celebró.
La causa fue el malestar de los responsables de la Consejería por lo que consideran una «deslealtad institucional del alcalde», que cuando ya estaría todo acordado «rompe» el acuerdo con una «última» propuesta y por filtrarla previamente a los medios de comunicación «para presionar».
Oficialmente todo ha quedado más diplomático y la reunión «se ha suspendido» para analizar la nueva propuesta del Ayuntamiento y ver si encaja en el rompecabezas del PGOU.
La propuesta del Ayuntamiento plantea que, para compensar los derechos urbanísticos que habrá que ofrecer a los dueños de Arraijanal, la Junta adquiera a su vez los suelos privados donde irán los parques del Guadalhorce y de Campanillas.