El PER cumple 26 años con una mala fama que ni los cambios de nombre (su función pasó a los fondos Aepsa y ahora al plan PFEA para el fomento del empleo agrario) han podido diluir. Como ocurre además en tiempos de crisis, algunos aprovechan para arremeter contra una iniciativa que consideran el germen del denominado voto cautivo, con miles de trabajadores de los pueblos de zonas como Andalucía supuestamente votando al partido en el poder para seguir cobrando este paro. Los últimos desprecios a este sistema han venido en los últimos meses de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que criticó que se conceda dinero «de todos los contribuyentes para dar pitas, pitas...», del diputado catalán José Antoni Duran i Lleida, que pidió la supresión del PER argumentando que «hoy en día no tiene sentido» y, como remate, del presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, quien llegó a comparar el sistema con las reservas indias y pidió su supresión porque «fomenta la vagancia».
Pero, ¿de qué hablamos cuando aludimos popularmente al PER? El programa, diseñado en 1984 para asegurar la subsistencia de la población en las zonas rurales y evitar la despoblación, beneficia en Málaga cada año a unas 14.000 personas desempleadas, únicamente el 0,8% de la población, que cobran la renta agraria a través del Régimen General Agrario por cuenta ajena (REASS), siempre que acrediten en un año 35 peonadas que en 2010, por aquello de los muchos días de invierno donde el campo estuvo impracticable, se han reducido a 20. No hablamos de percibir un dineral: las personas hasta 52 años cobran el equivalente a 180 días de trabajo, unos 510 euros mensuales durante seis meses. Los mayores de 52 años cobran 360 días, es decir, la misma cantidad, pero a año completo. Entre cada solicitud de prestación deben transcurrir, al menos, doce meses. También hay un límite de renta: sólo pueden recibirlo quienes carezcan de rentas propias superiores al Salario Mínimo Interprofesional vigente (en 2010, 7.599 euros) y no superar el límite familiar de rentas establecido.
En Málaga hay 37.000 personas personas en el REASS, de lo que sale que es un 37% el que acude al subsidio agrario cuando están en el paro. Las comarcas de Antequera y la Axarquía son las más significativas en cuanto a número de beneficiados, seguidas del Valle del Guadalhorce y Ronda, con un desembolso mensual estimado por este periódico entre 5,2 y 7 millones de euros por parte del Ministerio de Trabajo.
Obras en los pueblos
La otra pata del antiguo PER son las obras que el Gobierno financia en los pequeños ayuntamientos, y que dan trabajo en Málaga a 8.000 personas del ámbito agrario y a otros 3.000 del régimen general, procedentes del ámbito de la construcción. Tampoco en este caso hablamos del contrato de la vida para estas personas: se ofrecen 15 días de trabajo de forma rotatoria y por riguroso orden de antigüedad en la lista del paro. A los trabajadores de la construcción se les suele ofrecer entre mes y tres meses por aquello de que tienen más experiencia para las obras de acerado, alcantarillado, jardines o alumbrado con los que, en estos años, muchos pueblos han podido acicalar su aspecto más allá de sus exiguos presupuestos ¿Cuánto dinero se llevan las inversiones en estas obras? Este año han sido 15,8 millones de euros los destinados por el Gobierno para pagar los salarios y otros 7,9 millones sufragados por la Junta de Andalucía y la Diputación para costear materiales y herramientas. La factura total para las arcas públicas: 23,7 millones.
Un paro «que no es una bicoca»
El sistema del PER y el subsidio agrario es defendido tanto por empresarios como por sindicatos. El secretario general de la patronal agraria Asaja Málaga, Carlos Blázquez, asegura que estos mecanismos «no son una ayuda gratuita, habrá quien lo quiera ver y quien no». A su juicio, para vivir en el campo y que los pueblos sigan poblados, es necesario garantizar unos ingresos mínimos que amortigüen las paradas de actividad entre una y otra campaña de recolección. Porque Málaga sólo tiene puntas de trabajo en el olivar , los aguacates, los cítricos o la vendimia, y por medio quedan varios meses de forzada inactividad.
El secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT Málaga, Antonio Guerrero, es un ferviente defensor de este sistema de ayudas que, según recuerda funciona, con un nombre u otro, en comunidades tan dispares como las dos Castillas, Aragón, Valencia o Extremadura, algunas del PP.
«Sin el PER el campo se hubiera despoblado hacer años, y de hecho, eso sucede. Los jóvenes se van a las grandes ciudades, porque el subsidio agrario no es ninguna bicoca que te solucione la vida», apunta. En cuanto a la posibilidad de que haya fraudes con peonadas falsas para cobrar el paro, tanto Blázquez como Guerrero entienden que esas prácticas, si existen, son minoritarias y, por supuesto, deben ser sancionadas severamente. Asaja y UGT dicen además que las inspecciones laborales en el campo son frecuentes y que los controles de acreditación de peonadas son muy exigentes.
