El Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas han multiplicado los contactos de sus técnicos en las últimas horas para intentar lograr un acuerdo definitivo sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga que permita su aprobación por el pleno municipal el viernes 16 de julio.
El acuerdo se esperaba para ayer mismo, pero no fue posible. Las reuniones y contactos telefónicos continuarán hoy. Fuentes oficiales del Ayuntamiento señalaron que «seguimos negociando con la firme voluntad diálogo por ambas partes y de llegar al acuerdo definitivo».
Las mismas fuentes dijeron que «se mantiene el calendario fijado», que sup0ndría llevar el documento urbanístico a un pleno extraordinario el próximo viernes 16 de julio para su aprobación provisional tras lo que se remitiría a la Junta de Andalucía.
Con esa fecha en la cabeza trabajan unos y otros en las dos administraciones, pero con la idea también de que quizá haya que retrasarla.
Compensación
La discusión última se centra en la postrera propuesta del Ayuntamiento que consiste en que La Junta adquiera 372.899 metros cuadrados de propiedad privada, destinados al parque metropolitano del río Campanillas y otros 131.147 metros adyacentes de suelo no urbanizable para entregárselos al Ayuntamiento, que obtendría así 394.817 metros. La Junta debería también adquirir los 287.577 metros cuadrados que el POTAUM destina al Parque Fluvial del Guadalhorce. Todo ello para compensar la adquisición de Arraijanal por el Ayuntamiento.
El alcalde ha señalado que la aceptación por parte de la Junta de esta propuesta, además de cerrar la negociación, supondría dar por resuelta satisfactoriamente la compensación a la ciudad que ha venido reclamando a cambio de que el Ayuntamiento se haga cargo de la adquisición de los suelos de Arraijanal.
Por su parte, el portavoz del grupo de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó ayer al alcalde por insistir en la «confrontación» con la Junta, utilizando el PGOU como «arma electoral» y usando «la teoría del agravio y el victimismo como forma de esconder su incoherencia y su falta de iniciativa».
Moreno consideró un «despropósito» que el alcalde «insista en provocar un embrollo jurídico pretendiendo aprobar de nuevo el próximo 16 de julio el PGOU de forma provisional a sabiendas de que será rechazado», ya que «se lleva sin consenso y no corrige la mayoría de los aspectos negativos que rechazan los informes de otras administraciones».
