Las dimensiones de la Ciudad de la Justicia de Málaga son un reflejo de su propio nombre. Pero a lo largo y ancho de sus 70.000 metros cuadrados no sólo se acoge la labor de funcionarios, abogados, fiscales, jueces, denunciantes y detenidos. En la planta -1, varios carteles indican el lugar donde se encuentra una de las zonas menos conocidas, más importantes y no menos misteriosas del sistema judicial.
Es el Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML), una infinita fuente de gestión e información del sistema que absorbe y da salida a una brutal cantidad de trabajo. Para su director, José María Caba, no es una exageración. Las puertas del IML permanecen abiertas 24 horas al día los 365 días del año. En todo ese tiempo, resulta difícil resumir una actividad que, por ejemplo, el año pasado sumó en la provincia de Málaga 980 autopsias judiciales, alrededor de 24.000 estudios sobre lesiones producidas en diferentes circunstancias o 1.528 análisis relacionados con el maltrato físico o psicológico. Desmenuzando el balance del año pasado, los profesionales del IML realizaron 8.000 reconocimientos por agresiones, 4.000 casos procedentes de accidentes de tráfico, 159 agresiones sexuales, 300 lesiones por accidentes laborales y 258 informes de imputabilidad en diferentes tipos de delitos, entre otras actividades.
Hasta ahora, las funciones del Instituto de Medicina Legal las absorben dos departamentos claramente diferenciados, ya que un tercero, el Laboratorio Forense, está en punto muerto a la espera de un presupuesto definitivo. Las dos áreas activas son las relativas a la Clínica y a la Patología Forense. José María Caba define el primer departamento como las consultas en las que no sólo se valora el daño corporal, sino el psiquiátrico. El campo es amplísimo, ya que aquí coinciden lesiones no mortales producidas por un accidente de tráfico, por un accidente laboral, por una agresión o, en definitiva, por cualquier motivo que sea solicitado por un juez. No obstante, prácticamente la totalidad de las sentencias de indemnizaciones que los magistrados imponen en un caso de lesiones, se basan en los informes que los forenses realizan en estas dependencias. Ellos tienen la última palabra. Palabra de forense. «Vemos qué lesiones tiene una persona y qué tiempo de recuperación requiere. Luego utilizamos unos baremos sobre los días que necesita el paciente para recuperarse o especificar las secuelas que le han quedado», explica Caba, quien añade que los accidentes de tráfico suman la mayor parte de los casos que les llegan.
Violencia de género
El director del centro continúa explicando que en estas consultas también se enmarca la Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género (UVIVG), gestionado por un médico forense coordinador y con 5 equipos psicosociales. «Cada equipo cuenta con una psicóloga y una trabajadora social que se dedican exclusivamente a atender a víctimas de violencia de género», apunta Caba.
En su definición del UVIVG, el director deja claro la efectividad de la unidad, ya que aquí se valoran los daños de las víctimas y a los agresores para poder detectar las causas y las motivaciones que han generado un determinado caso de violencia de género. Según Caba, los forenses que están a su cargo afinan tanto que pueden llegar a descifrar si un caso de malos tratos se ha producido de forma puntual o si por el contrario ha sido habitual.
El segundo área de trabajo, dedicado a la Patología Forense, es el menos agradable para todo aquel que no trabaja en las instalaciones. Este departamento se encarga de todas las autopsias judiciales (980 el año pasado), los estudios de restos cadavéricos y todos aquellos análisis de que tengan que ver con el cuerpo humano. El director de Instituto de Medicina Legal de Málaga no cambia el gesto cuando asegura que los cadáveres «hablan» y que «nunca mienten». Usa la metáfora para explicar que no hay caso en el que no se determine la causa de una muerte.
Especial relevancia tienen las muertes judiciales, las consideradas como violentas, las que ofrecen alguna sospecha de criminalidad o aquellas en las que los familiares de un fallecido no están de acuerdo con las explicaciones que les da un médico. Y dentro de las muertes violentas, cuando el origen de la misma es un factor externo al individuo (accidental o voluntario), destaca la labor del Instituto de Medicina Legal como fuente de información para resolver homicidios o suicidios. En este sentido, José María Caba asegura que los forenses cubren un amplio campo de investigación que les permite saber la distancia desde la que se ha producido un disparo por arma de fuego, el ángulo del mismo o averiguar el tipo de arma blanca u objeto contundente que se ha utilizado en un crimen. Y su palabra también va a misa ante un juez. Aquí, la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es tan importante como fluida. Por último, a través de las psiquiatría forense, los médicos realizan estudios psicológicos o psiquiátricos para relacionar la imputabilidad de un presunto agresor en un delito. «Estos estudios pueden revelar si el sujeto es imputable de forma parcial o total», indica el forense, quien también hace referencia a los informes clínicos con los que se puede valorar la drogodependencia de una persona, su grado de adicción y su estado psiquiátrico.
