La Fiscalía de Málaga ha solicitado seis años y seis meses de prisión para cada uno de los responsables del Grupo Mirador por un delito continuado contra la Seguridad Social e insolvencia punible.
El fiscal ha pedido la apertura de juicio oral contra los hermanos E.F.S. y L.F.S., responsables del grupo, y que indemnicen a la Tesorería General con 2,4 millones de euros, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Los procesados también se enfrentan a una multa de cuatro millones de euros por incurrir supuestamente en un delito contra la Seguridad Social y una multa de 27.000 euros por cometer otro de insolvencia punible.
La acusación pública mantiene que los acusados presuntamente acumularon una deuda de más de 2,6 millones de euros a través de sus sociedades.
En este sentido, el fiscal explica que los acusados, desde finales de los noventa, han constituido sociedades mercantiles con distintos objetos sociales, la mayoría relacionados con la promoción, construcción, adquisición y venta de inmuebles.
La acusación mantiene que la actuación de los procesados al frente de las sociedades siempre se ha caracterizado por un nulo o muy escaso cumplimiento de la normativa mercantil en el funcionamiento de las sociedades, así como que sólo se ha procedido al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil hasta 2004.
El fiscal explica que supuestamente los acusados omitieron desde dicho año la legalización de los libros de contabilidad, lo que ha ocasionado que dicho registro cerrara los asientos respecto de 15 de las sociedades por no presentar las cuentas anuales desde 2005.
Por todo ello, el ministerio público mantiene que los acusados "han venido desarrollando una estrategia dirigida a incumplir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social".
Además, sostiene que, "pese a que casi todas las sociedades, para desarrollar su objeto social, requieren la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena, éstos sólo son contratados por cuatro mercantiles".
Para el fiscal los acusados han procedido "intencionadamente" a dar de alta a los trabajadores en aquellas sociedades que cuentan con menos capital y que carecen de patrimonio, o es difícilmente ejecutable, al contar con elevadas cargas y mantener situaciones de indivisión antieconómica.
Además, según la acusación, los procesados han contado con numerosos trabajadores que prestaban sus servicios indistintamente en cualquiera de las sociedades, muchas veces para aquellas que no tenían la consideración de empresa, "sin respeto alguno a los contratos de trabajo".
Por último, el fiscal asegura que los hermanos "no sólo no pagaban la deuda contraída por las sociedades con la Tesorería", sino que ocultaban la existencia de inmuebles, propiedad de las sociedades deudoras, evitando que el título de adquisición de éstos accediese al Registro de la Propiedad".
