Antonio Morales fue nombrado fiscal jefe de Málaga en enero de 2009 y, entre sus promesas básicas, estaban crear un área especializada en atender a las víctimas de delitos y aplicar con rigor la ley en casos de violencia. Un año y medio después, se muestra satisfecho de los primeros logros de su mandato y asegura que para las mafias es cada vez más difícil actuar en la provincia.

En 2009 descendió de forma importante el número de delitos violentos. ¿Cómo explica esa tendencia?

Los delitos más graves han disminuido. Pero también disminuyeron en su conjunto. En 2009 hubo 7.000 asuntos menos. Eso es casi un juzgado nuevo. Se están haciendo las cosas bien. Los medios también tienen una gran responsabilidad en la difusión de las noticias que se dan sobre la delincuencia y sobre la actuación policial. También el pueblo está más maduro, y han bajado los ilícitos por el positivo papel de la policía, de la Fiscalía y de los jueces. Ya se dijo al principio que íbamos a ser muy rigurosos con la aplicación de la ley, especialmente con los delitos más graves. No sólo la Fiscalía, sino que también los tribunales están castigando con rigor. Asimismo, al imponerse penas graves, el propio penado se retrae en la comisión de nuevos hechos.

¿Ha pasado ya el tiempo de las mafias en la Costa? ¿A qué se debe su menor incidencia?

A la presión policial y al trabajo de la Fiscalía y de los jueces. Pero, sobre todo, a la presión social. Todo el mundo sabe que la presencia de mafias daña la economía local. Gran parte de nuestra riqueza es turística. Es cierto que no actuaban como tales desde Málaga y su provincia, sino que se asentaban aquí. El rechazo social a la llegada de mafias ha provocado su disminución y esperemos que pronto desaparezcan.

Sin embargo, los delitos económicos no dejan de crecer...

Si hay una disminución de la actividad económica ello repercute en los juzgados. La sección de Delitos Económicos funciona perfectamente. Hay tres compañeros dedicados al servicio, pero no sólo actúan en relación a las empresas sino también sobre los fraudes a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Es importante para la sociedad acotar esas bolsas de fraude, lo que a su vez incide positivamente en la recuperación. No pagar impuestos, como decía el protagonista de una película, en cierto modo es robar.

Ya hay cinco fiscales Anticorrupción en Málaga, tres titulares y dos de apoyo, para hacer frente a los macrojuicios. La provincia se ha convertido en un gran laboratorio de pruebas. ¿Cree que los grandes procesos se han organizado bien?

Sí. Era complejo su desarrollo. Nada más que el inicio era difícil. Y esa complejidad se soslaya con la participación de todos. La actuación de la judicatura ha sido ejemplar, pero también las de la Fiscalía y la Junta de Andalucía, porque ésta ha puesto los medios y ha adaptado las salas.

¿Ha contado la Fiscalía con el apoyo y la comprensión del resto de instancias implicadas en la celebración de macrojuicios?

Sí. En el ámbito judicial no ocurre nada casualmente. Eso conlleva actos preparatorios. Hemos tenido varias reuniones con la presidencia de la Audiencia Provincial, con los de las distintas salas, precisamente para organizar los macrocasos y evitar las dificultades que podía generar el hecho de que no se celebraran. Bastante tiempo atrás hemos estado hablando mucho. Incluso, se ha hablado con los letrados y con los procuradores para facilitar la celebración de las vistas.

¿Llegarán más fiscales Anticorrupción?

Así como los delitos económicos han aumentado, los relacionados con la corrupción han disminuido, sin duda por la trascendencia que han tenido en los medios y los procesamientos. No detectamos esa efervescencia desde hace algún tiempo. Ya sé que no se van a terminar, pero tampoco han ido en aumento, sino que decrecen por la actuación positiva de jueces, policía y fiscales. De momento, no llegarán más fiscales a esta especialidad.

¿Qué se le pasa por la cabeza cuando se acusa a la Fiscalía de seguir directrices políticas?

Esas críticas reflejan que quienes las hacen no han asumido bien lo que es un estado democrático y de derecho. El que profundiza bien en la idea sabe que el derecho es la voluntad del pueblo hecha norma. Si conocieran de verdad la esencia de esos valores, serían sus defensores. Nosotros sólo aplicamos la ley dentro de los valores y principios democráticos. Me llama la atención que, en vez de alabar y ensalzar la aplicación de las leyes, se dediquen a criticar y eso significa dos cosas: o no saben qué es un estado de derecho o bien amparan o protegen a los delincuentes.

¡El alcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto José Silva, y un profesor de derecho fueron detenidos recientemente por la Guardia Civil. Esos arrestos han vuelto a sacar a la luz la polémica de las detenciones espectáculo, en las que el imputado es expuesto al escarnio público. Convendrá conmigo en que algunos de los arrestos que se han producido en la Costa del Sol a lo largo de los últimos años han sido demasiado espectaculares...

Sabe usted que no puedo entrar en el caso concreto, pero no debe haber detenciones desproporcionadas. Los arrestos se deben hacer de tal forma que se cause el mínimo daño al patrimonio o al honor de la persona, respetando su dignidad. Y hay casos y casos. Si hay que detener a un terrorista o al miembro de una organización violenta, lógicamente no se pueden asumir riesgos. Pero cuando el hecho delictivo se le atribuye a una persona con domicilio conocido, y poco violenta, la detención debe practicarse respetando su dignidad y no con exhibicionismo, porque eso es malo hasta para la policía. Hay que distinguir los hechos delictivos y es una barbaridad que se den detenciones de este tipo. La forma siempre queda al criterio del juez y de la policía, pero hay instrucciones de la Fiscalía en ese sentido: todo se debe de hacer en la forma que se crea conveniente según las circunstancias del caso pero conforme a la dignidad constitucional y de forma proporcionada al hecho que se le atribuye al arrestado.

¿Necesitan ustedes más medios humanos y materiales?

Sí, eso siempre. Y sobre todo en una Fiscalía tan potente, compleja e importante como la de Málaga. Somos la cuarta Fiscalía de España y tenemos 91 acusadores. Además, hay que añadir Melilla. Y la complejidad e importancia económica y social de Málaga, con casi dos millones de habitantes, dada la cercanía del continente africano. Es una sociedad viva. Si aumenta todo, el aspecto social, cultural y económico, necesariamente debemos tener más fiscales y funcionarios. Pero creo que en momentos de crisis hay que ser más imaginativos. Yo creo que no está tanto en el aumento, sino en el hecho de hacer un ordenamiento jurídico más ágil, más rápido, más condicionado a los tiempos actuales que atraviesa la sociedad donde los delitos informáticos y tecnológicos están a la orden del día.

Pero, ¿se va hacia eso? ¿Será el fiscal algún día el instructor de la causa penal?

Se va hacia eso. Es un hecho que la instrucción pasará al ministerio fiscal, como ya ocurre en el entorno de la Unión Europea. Lo impone el sistema. Si la persona que va a llevar a cabo la acusación es la que reúne los elementos de prueba, pues existe un juez de garantías que velará por los derechos de los ciudadanos, para que la defensa pueda, en igualdad de armas, aportar medios de prueba, el proceso sería más ágil y no durarían las causas tres, cuatro o cinco años.