El tribunal de «Malaya» estudia que abogados cobren sus honorarios de los bienes incautados

Los tres magistrados que sacarán adelante la vista, el fiscal y el administrador judicial se reunieron ayer para abordar el tema

 
Álvarez (derecha), ex letrado de Roca y su ex cliente.
Álvarez (derecha), ex letrado de Roca y su ex cliente.  EFE

josé antonio sau. málaga La renuncia de José Aníbal Álvarez a la defensa de Juan Antonio Roca en el «caso Malaya» y en otros procesos que arrastra el ex asesor de Urbanismo marbellí sigue trayendo cola. El letrado dejó a su patrocinado porque no ha cobrado un solo euro desde que accedió a representarlo, en marzo de 2006, cuando estalló la trama de corrupción. Pero en esta situación hay más juristas. Dos de ellos reconocieron a este periódico que no han percibido ninguna suma desde que se inició la investigación sobre la red.
La explicación es sencilla: las propiedades y gran parte del dinero de los imputados procederían indiciariamente del blanqueo, por lo que el instructor se negó una y otra vez a que los letrados cobraran de estas cantidades. Pero ya se buscan soluciones para evitar que numerosos abogados dejen a sus clientes en la estacada a escasos dos meses de que se inicie el juicio (el 27 de septiembre).
Ayer se produjo una reunión de los tres magistrados que componen el tribunal del «caso Malaya», presidido por José Godino, el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero y el administrador judicial, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la organización del plenario.
En esta minicumbre se planteó la posibilidad de liberar «una provisión de fondos» para que determinados letrados puedan percibir parte de sus honorarios. Evidentemente, esas sumas provendrían de las propiedades incautadas en su día por la policía y de las sumas inmovilizadas en diversos bancos. Ello se hará de forma muy conservadora, porque aquí no cabe lo que se conoció durante la Transición como «café para todos». «Sólo se hará con todos los que acrediten que su cliente no tiene dinero para defenderse porque está bloqueado su patrimonio», indican las fuentes.

Provisiones razonables
La Sala resolverá en los próximos días sobre este aspecto en un auto. En este sentido, «las provisiones serán razonables, porque los letrados no son los únicos acreedores de Marbella. Ya existe una responsabilidad civil declarada provisionalmente y cantidades muy fuertes que reclama, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella».
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, considera que «no puede haber un juicio sin abogado». «El derecho de defensa exige que cualquier acusado tenga un letrado y, si no, habrá que arbitrar soluciones», reflexionó.
«No es una mala solución que si alguien tiene su patrimonio intervenido, se arbitre una provisión de fondos para hacer frente a los honorarios del abogado en cuestión. El juicio, como digo, no se puede celebrar sin letrados», recalcó el responsable del colectivo malagueño de juristas.
Éste añadió además que estas sumas «serían ínfimas». Lo cierto es que algunos juristas mostraron ayer su sorpresa a Efe debido a que tanto la Sala y como el instructor siempre se negaron a pagar los servicios de defensa de Roca con el patrimonio incautado. Si no podía hacer frente a sus gastos, tenía abierta la puerta de un abogado de oficio, le dijeron al representante del ex asesor de Urbanismo por activa y por pasiva.
La decisión de Álvarez ha podido abrir la espita de la polémica, porque muchos letrados estaban poniendo dinero de su bolsillo y, para no dejar abandonados otros asuntos, habían pensado ya dejar a sus defendidos.
Otras fuentes judiciales indicaron a este periódico que Juan Antonio Roca ha nombrado como sucesora de Álvarez a Rocío Amigo, hasta hace unos meses representante del ex alcalde marbellí Julián Muñoz en sus litigios urbanísticos, ya zanjados tras el pacto al que llegó con la Fiscalía. Eso sí, todavía no ha sido designada oficialmente.
Las mismas fuentes añadieron que, en principio, el tribunal mantiene como fecha de comienzo para el juicio, que durará más de un año y cuenta con 95 acusados, el 27 de septiembre próximo. Así, Amigo recibirá algo más de tiempo para hacer su escrito de defensa y para instruirse del sumario, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Una tercera fuente añadió además que el problema no es exclusivo de «Malaya», sino que numerosos letrados defensores han acabado dejando a los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella y a sus pleitos porque «no percibían sus honorarios».
En cuanto a que se pueda retrasar el juicio varias fuentes lo negaron, pero esto correspondería más al empeño personal de Godino y sus compañeros que a la realidad, puesto que, a pesar de la rápida reacción de la Audiencia Provincial, lo cierto es que la celebración del plenario se complica.

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