La eliminación de las ayudas para afrontar el primer pago de las viviendas sociales coincide con la detracción de las obras públicas, lo que ha levantado la voz de alarma entre los constructores de la Costa del Sol. La medida, según algunas fuentes consultadas por este periódico, no responde únicamente al objetivo de aliviar las cargas del Estado, sino también a la necesidad de fomentar la compra del abultado volumen de pisos de renta libre que permanecen en stock.

Según Diego Maldonado, concejal del área en el Ayuntamiento de Málaga, la estrategia resulta equivocada. Los precios de la vivienda libre, a pesar del descenso de los últimos meses, continúan muy por encima de la capacidad adquisitiva de los demandantes de VPO y su abaratamiento a través de subvenciones podría resultar especialmente gravoso para las arcas de la administración. La medida, puntualizan los especialistas, podría dejar fuera a numerosos aspirantes, que a duras penas cumplen con los requisitos para hacer frente al pago de una VPO.

De acuerdo con el concejal, la Junta de Andalucía se equivoca en la manera de delegar responsabilidades en materia de vivienda a los ayuntamientos, a los que no se asiste, señala, con la correspondiente dotación económica. A modo de ejemplo, alude a la puesta en marcha del registro de demandantes, que ha supuesto un desembolso de 350.000 euros al Consistorio, del que el Gobierno andaluz aportará alrededor del 10%.