El juicio del «caso Malaya» arrancará a las 10.00 horas del 27 de septiembre. Se trata, sin duda, del plenario por corrupción urbanística más importante jamás celebrado en España. Y el tribunal encargado de enjuiciar el caso, presidido por José Godino, no quiere sorpresas en el tramo final del proceso. Por ello, la Audiencia ha remitido una carta a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, amén de otras misivas a diversas administraciones, en la que le pide la mayor colaboración posible en la entrega de los documentos que las defensas han propuesto como pruebas de descargo, todo ello con el objetivo de que éstas no puedan alegar después indefensión.

Las defensas han hecho los deberes y cada una de ellas «ha solicitado cientos de pruebas, sobre todo documentales, pero también la comparecencia de innumerables testigos». Muchos de los informes que usarán en descargo de los 95 acusados, en concreto sus originales, están el poder del Consistorio, y su entrega rápida al tribunal es esencial para cumplir con los tiempos que se ha marcado la Sección I.

Según informaron fuentes judiciales, en la misiva la Sala le pide a Ángeles Muñoz (PP) «colaboración» –cartas similares se han enviado a otras administraciones esta misma semana–, dado que «son muy numerosas las pruebas solicitadas en los respectivos escritos de defensa de los procesados, la mayoría de ellas referentes a certificaciones, compulsa de documentos y obtención de copias» por parte de la administración local.

Asimismo, le recuerda el tribunal que ha de garantizarse la tutela efectiva de los acusados, con el objetivo de evitar que se produzca indefensión. Por ello, reclama al Consistorio que se ponga manos a la obra y eche toda la carne en el asador, sin hurtar a tal esfuerzo medios personales y materiales. Todo ello con el objetivo de que los requerimientos de la Sala sean resueltos «a la mayor brevedad posible» y siempre antes de que arranque el plenario.

También destaca la importancia del proceso, lo que implica que las administraciones que han de aportar pruebas deban colaborar sin oponer problema alguno. Esto afectará, de manera práctica, al área de Urbanismo marbellí, por ejemplo, cuyos funcionarios deberán trabajar de lo lindo antes de que se inicie la vista.

Las pruebas solicitadas son sobre todo documentales, pero lo cierto es que también se han exigido numerosas declaraciones de testigos. Incluso, hay varias partes que han reclamado la comparecencia ante el tribunal del juez Miguel Ángel Torres y del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, algo a lo que la Audiencia Provincial se ha negado.

El tribunal tiene claro, indicaron fuentes judiciales, que no va a permitir ninguna maniobra de distracción, pese a los rumores de posibles fugas o de cambios de abogado en el último minuto para evitar que empiece a funcionar la maquinaria.

La Sala resuelve cada día problemas relacionados con diversas cuestiones, y los quebraderos de cabeza van desde el futuro del patrimonio de Juan Antonio Roca, ahora en venta para satisfacer las responsabilidades civiles, hasta la devolución de fianzas o el alivio de las medidas cautelares tales como la visita periódica al juzgado. Incluso, hay una productora que ha elaborado una miniserie de ficción basada en la vida del ex asesor de Urbanismo, lo que no le ha sentado nada bien ni al murciano ni a sus asesores.

En cualquier caso, la idea es que el barco empiece a navegar, pues, de no ocurrir así, las cosas se complicarían. Para empezar, estos días se celebra el juicio del «caso Minutas», y la Audiencia Nacional está empujando para poder iniciar en breve el plenario de «Saqueo II», donde, entre otros, están acusados Roca y Julián Muñoz.

Está pendiente el inicio de la pieza separada de blanqueo en la que se encuentran encartados Isabel Pantoja, Maite Zaldívar y el propio ex alcalde, y continúan en instrucción diversos casos por convenios urbanísticos irregulares en los que se hallan implicados el ex regidor y Roca, entre otros.

La vista de «Malaya» durará, como mínimo, un año y habrá más de 600 testigos.