El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga está estudiando «fórmulas» para cambiar la naturaleza jurídica del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) con el objetivo doble de imponer una «mayor agilidad» a la promoción y construcción de viviendas y de otra parte conseguir que los préstamos hipotecarios que solicita el IMV para hacer viviendas de protección oficial (VPO) no computen como deuda al tratarse de créditos puente que luego son subrogados por los compradores de las viviendas. Además, la nueva entidad resultante seguirá dependiendo del IMV y mantendrá la actual plantilla respetando todos sus derechos laborales, según explicó el concejal de Vivienda, Diego Maldonado.

A su vez, la concejala de Economía, Carolina España, explicó que «desde primeros de año» se están estudiando diversas fórmulas como cambiar la naturaleza jurídica del IMV, que pasaría de ser un organismo autónomo a una empresa municipal privada o la fórmula más probable, que es convertirla en una «entidad pública empresarial».

La entidad pública empresarial es un organismo público que viene recogido en la Ley de Funcionamiento de la Administración General del Estado. Se trata de un organismo que se rige por el derecho privado y que tiene mayor facilidad para intervenir en actividades empresariales análogas a las que realiza una empresa privada. Ademas, tiene una gestión independiente de forma que ni todos sus ingresos tienen que proceder de los presupuestos públicos ni todos sus ingresos engrosan la caja municipal.

La empresa Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio de Fomento, es el ejemplo de entidad pública empresarial que está sirviendo de modelo al IMV para cambiar su naturaleza.

La fórmula permite «modernizar y agilizar» la gestión, uno de los objetivos que persigue el Ayuntamiento, dijo Maldonado.

El otro es que la deuda hipotecaria que genera el IMV no compute en la deuda total del Ayuntamiento. Al respecto, la normativa del Ministerio de Hacienda señala que las empresas u organismos públicos que no se financien con al menos el 50% de sus ingresos deben computar la deuda que generen.

Por el contrario, las empresas públicas que se financien al menos con un 50% de ingresos propios están exentas de computar su deuda. Este es el caso, por ejemplo, de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), con ingresos propios superiores al 50% de su presupuesto y que por tanto su deuda no se añade a la del Ayuntamiento .

Con la nueva fórmula de entidad pública empresarial, el IMV no estaría obligado a computar sus préstamos y ello reduciría la deuda total del Ayuntamiento, que en la actualidad es de 725 millones de euros, de los que 178 son del IMV.

Con todo, aunque se rebajarán esos 178 millones de la deuda municipal el Ayuntamiento seguiría sin poder acogerse a las nuevas medidas decididas por el Gobierno para permitir endeudarse el año próximo a los ayuntamientos cuya deuda no rebase el 75% de sus ingresos, tal como admitió Carolina España.