La ordenanza que se pretende aprobar en Málaga para acabar con la prostitución en la vía pública ha generado el debate de si funcionará o no. En otras ciudades parece no haber surtido efecto. Barcelona fue, en 2006, una de las capitales pioneras en aprobar una ordenanza de convivencia que regulaba la prostitución callejera, pero la experiencia ha demostrado la escasa eficacia de la normativa municipal, ya que las prostitutas se dejan ver aún por La Rambla, la zona donde es más frecuente encontrar a mujeres que ejercen este oficio y atienden a sus clientes en plena calle a pesar de ser el espacio turístico por excelencia de Barcelona. La ordenanza de civismo sanciona la prostitución en la calle con multas de entre 120 y 3.000 euros. Las prostitutas, por su parte, pueden ser sancionadas con multas de hasta 750 euros por ofrecer sus servicios de forma reiterada.
Ahora, el ayuntamiento catalán impulsa medidas para mejorar la zona y colocar las vallas que permitirán cerrar de noche todo el perímetro de la Boquería y la plaza de la Gardunya. Así, si las prostitutas regresasen a La Rambla, al menos no podrían ejercer en los porches del mercado.
Sin embargo, según la Agencia del Abordamiento Integral del Trabajo Sexual (Abits), las mafias siguen mandando a estas mujeres a las calles, después de que en un primer momento se produjera una dispersión de las prostitutas a zonas marginales. Años más tarde, en 2009, Lleida se sumó y se convirtió en la segunda ciudad catalana en tener una ordenanza de civismo que multara a las prostitutas y a sus clientes. Las sanciones oscilan entre 300 y 3.000 euros.
La Ordenanza de la Convivencia del Ayuntamiento de Granada entró en vigor en noviembre de 2009. Establece sanciones de 175 euros en el caso de infracciones leves y ente 1.501 y 3.000 euros si son graves, por el ofrecimiento y demanda sexual en la vía pública. La Policía Local se limita inicialmente a recordar a las personas que incumplan la normativa que dichas prácticas están prohibidas y si persisten en su actitud se iniciará el procedimiento administrativo. No obstante, las asociaciones que atienen a estas personas en la calle insisten en que estas multas son recurridas por las prostitutas, que finalmente acaban siendo favorables para ellas.
En Madrid, la cruzada se inició en 2004 con el Plan Municipal contra la Explotación Sexual, pero sin ordenanza municipal. El planteamiento es tratar la prostitución como un problema de derechos humanos, más que un conflicto en la convivencia. El consistorio madrileño peatonalizó la calle Montera y puso cámaras de vigilancia para disuadir a los clientes. Ya en 2010, fue Alcalá de Henares quién tomó la iniciativa y aprobó una ordenanza que sancionara la prostitución.
El ejemplo de Madrid ha sido seguido por ciudades como Sevilla, que cuenta con el mayor número de clubes de alterne de Andalucía (más de 300 prostíbulos y un centenar de casas de citas en toda la provincia), y desde enero de este año cuenta con un plan de acción integral para la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual. El objetivo del plan es la erradicación de la prostitución y la asistencia integral de las víctimas. Por ello, establece la creación de una ordenanza que multe a los clientes y a los proxenetas.
La conclusión es que las ordenanzas cívicas no parecen acabar con este oficio. A pesar de ello, son muchas las ciudades que se preparan para impulsar una norma que ponga coto a la prostitución.
