¿Héroes?

JOSÉ ANTONIO SAU La historia está repleta de héroes anónimos cuyas identidades pocas veces se hacen públicas, para regocijo de usurpadores sin escrúpulos que buscan su ratito de gloria a base de ningunear a los primeros. ¿Quién puede calificarse a sí mismo como héroe en relación a la trama de corrupción de Marbella? En mi opinión, pocas personas, muy pocas. Tal vez algunos vecinos que se negaron a transigir con las barrabasadas de Jesús Gil y los suyos. Quizás algunos empresarios que se negaron a pasar por el aro de los sobornos, a pesar de que ese rechazo a entrar a formar parte de la rueda de corrupción pudo poner en un brete a muchos negocios honrados, como de hecho así ocurrió con determinados industriales. También pueden recibir ese calificativo algunos políticos de las anteriores corporaciones municipales que no se dejaron untar. Pero quienes no pueden reclamarlo, sin lugar a dudas, son la Junta de Andalucía ni varios partidos políticos.

Cuando la administración autonómica pidió personarse como acusación particular, el juez se negó a admitirla a trámite al entender que esta institución estaba más cercana a la figura de responsable civil subsidiaria que a la de perjudicada. El Ejecutivo andaluz se ha defendido diciendo que impugnó judicialmente 400 acuerdos municipales relacionados con el urbanismo, pero no es menos cierto que, durante mucho tiempo, hizo dejación de funciones. ¿Cómo se explica si no que el GIL permitiera la edificación de 30.000 viviendas ilegales en Marbella? Su papel es inexplicable, pese a que la ley sea estricta en cuanto a la posibilidad del derribo de casas fuera de ordenación. A lo mejor, deberían explicar con detenimiento qué ocurrió en esa ciudad.

Tampoco puede ser considerada heroica la actitud de los partidos políticos, pues fueron su desidia y la lamentable acción de gobiernos anteriores las que propiciaron que numerosos ciudadanos decidieran entregar su futuro a Jesús Gil y Gil y a su formación populista.

Héroe fue Jorge González, el jefe del servicio jurídico de Urbanismo del Consistorio, que fue apartado de sus funciones porque se negó a bendecir las licencias de obra otorgadas en base a un PGOU ilegal. Éste denunció los hechos en una suculenta declaración en 2005. Fue también valiente el juez Miguel Ángel Torres, quien con sólo 33 años decidió tirar de la manta y hoy en día sigue alertando a todos los que quieran escucharle sobre las diversas formas de corrupción, entre las que incluye el nepotismo descontrolado que se da en todas y cada una de las administraciones públicas. Y también fue valiente el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, que optó por huir hacia delante para acabar con lo que ocurría en Marbella.

Es fácil reclamar ante los ciudadanos que la disolución del Ayuntamiento marbellí fue una respuesta contundente contra la corrupción.
Para que ese discurso fuera coherente tal vez había que haber disuelto también el de Estepona, que está en una situación muy parecida. Y, cómo no, sale gratis acusar al contrario cuando altos cargos de tu partido están implicados en el «caso Gürtel».

El problema de la corrupción es que todos dicen combatirla pero, a la hora de la verdad, se mira a otro lado pensando en las próximas elecciones. Tampoco los ciudadanos de a pie, el común de los mortales, podemos ser considerados como héroes, porque muchos de nosotros elegimos, elección tras elección, a alcaldes y concejales que se han enriquecido gracias precisamente al dinero que les dimos en custodia. Nadie es inocente. «Malaya» es un doloroso recordatorio de la connivencia mostrada por una sociedad hedonista y adormecida para con los corruptos.