El ex presidente del Málaga Club de Fútbol y empresario Fernando Puche ha sido enjuiciado, junto a otras ocho personas, por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre por los supuestos delitos continuados de contrabando y falsedad. Este caso salió a la luz el 16 de diciembre de 1999, cuando el naviero fue arrestado para ser puesto después en libertad bajo fianza.
Fuentes cercanas al caso y la Audiencia Nacional han confirmado a La Opinión de Málaga que Puche ha sido juzgado los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28 y 30 de septiembre, y el 1 de octubre. El caso fue archivado por el juzgado central instructor en 2002 –tras varios conflictos de competencia entre las audiencias Provincial y Nacional–, pero la Sala de lo Penal lo reabrió poco después tras recurrir la resolución la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La sentencia, en diciembre.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en su escrito de conclusiones provisionales, enviado al Juzgado Central de Instrucción número 1 el 5 de noviembre de 2007, tres años de cárcel para el empresario, amén del pago de 50 millones de euros de multa y el abono de una responsabilidad civil, conjunta y solidariamente con otros dos encausados, superior a los 16 millones de euros. Al término del juicio, la Fiscalía mantuvo su petición tanto para Puche como para sus ocho compañeros de banquillo, que se enfrentan a tres años. Las multas exigidas suman 280 millones de euros y la responsabilidad civil, más de 51. El magistrado José María Vázquez Honrubia fue el encargado de dirigir el plenario.
Según consta en el escrito de calificación fiscal, Fernando Puche, a través del grupo empresarial por él dominado, al menos desde 1996, junto a otras ocho personas, trató supuestamente de «procurarse un beneficio ilícito propio con el correlativo perjuicio para el Tesoro Público mediante la ocultación al mismo de numerosas transacciones de tabaco y su auténtico destino final».
Esos negocios llevaban implícito el pago del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco (IELT) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuantías que, siempre según el relato acusatorio, no se ingresaron en las arcas públicas.
Sociedades pantalla
Así, los imputados «idearon la creación y funcionamiento de una red de almacenes y depósitos fiscales a lo largo del territorio nacional que pudieran servir a sus delictivos propósitos sin despertar sospechas de las autoridades». De esta forma, crearon cinco sociedades pantalla como «autónomas de las empresas mayoristas por ellos controladas, las cuales les servían el tabaco».
Por tanto, «éstas aparecían como cumplidoras formales de la legalidad relativa al suministro del producto». El tabaco se entregaba a los supuestos adquirentes «bajo el régimen fiscal suspensivo o en condiciones de exención de impuestos en atención al destino que los representantes de tales almacenes habían manifestado que procederían a dar a la mercancía», añade Anticorrupción.
En este sentido, se trataba de trasladar a las entidades interpuestas las «eventuales responsabilidades derivadas del destino final de tal mercancía, destino que no era el reflejado en los falaces documentos creados a tal efecto, sino su clandestina comercialización» dentro del país.
Dos hombres fueron fundamentales para forjar el entramado societario, en palabras del fiscal: P. A. M. G., «persona de absoluta confianza de Puche»; y E. A. L. U., quien también participó en la «contratación de testaferros» y en la gestión de los almacenes, que se hallaban en Madrid, Logroño, Zaragoza y Bilbao. «La trama defraudatoria se urdió de un modo progresivamente más perfeccionado a medida que la propia experiencia de la actuación ilícita lo fue aconsejando», dice el fiscal.
«En ninguno de los almacenes y depósitos fiscales existía necesidad real de almacenamiento dado el prácticamente nulo tiempo de permanencia de la mercancía recibida en tales instalaciones con entrada y salida de las expediciones casi simultáneas», indica el fiscal Anticorrupción.
Éste sitúa la suma «dejada de ingresar» entre 1996 y 1999, correspondiente al tabaco recibido en los artificiosos establecimientos finales descritos, «con autorización del no pago del IELT y del IVA, y supuesta salida del producto hacia destinatario que nunca lo recibió, en 16,65 millones de euros».
