Carecen de recursos, acumulan problemas añadidos que les dificultan el reingreso en el mercado laboral. Son madres de hijos discapacitados, personas amenazadas, víctimas del sistema, del maltrato o de una mala decisión. Precisan urgentemente ayuda. Requieren un domicilio, pero no todas obtienen respuesta. Las necesidades superan la capacidad de atención. En Málaga casi un millar personas en riesgo de exclusión están pendientes de recibir una vivienda social. Y el aumento de la oferta no corre precisamente paralelo al de la demanda.

El Instituto Municipal de la Vivienda acumula en la actualidad una lista de más de ochocientas familias en espera de una casa de segunda ocupación. Se trata de una herramienta gestionada por el Ayuntamiento para auxiliar a las personas que no pueden hacer frente al pago del alquiler. Su sistema de adjudicación, según detalla el edil de Vivienda, Diego Maldonado, está regulado y prioriza la asistencia a las situaciones más extremas. La falta de inmuebles disponibles explica que se queden fuera casos espeluznantes, condenados a aguardar su turno después de otros no menos complicados. «Lamentablemente no contamos con viviendas suficientes en ese régimen para satisfacer las solicitudes y no podemos acelerar un expediente en detrimento de otro porque la ley fija quiénes tienen prioridad», explica el concejal.

Elisabeth Heredia, como adelantó este periódico el pasado miércoles, lleva casi nueve años esperando una vivienda. Su marido está en paro. Ella se vio obligada a renunciar a su trabajo para asistir a uno de sus hijos pequeños, enfermo de leucemia. Su situación es sobradamente conocida en el Instituto Municipal de la Vivienda. La documentación está en regla, los requisitos de solicitud, también. Pero la lista avanza lentamente, incapaz de asumir las necesidades de numerosas familias aquejadas por dificultades que van más allá del desempleo. Cada año, se quedan libres entre quince o veinte plazas, ya sea por fallecimiento de sus ocupantes, o porque éstos han logrado mejorar su situación. El desajuste es pura estadística. La demanda no sólo rebasa ampliamente la planta de edificios consignados al régimen social de segunda ocupación, sino que se incrementa a un ritmo radicalmente mayor.

La lectura es obscena por su obviedad: se requieren más infraestructuras para atender los casos de familias en peligro de exclusión y con necesidad perentoria de un hogar. Las administraciones tratan de suplir el déficit con los recursos sociales y otras alternativas como las casas de bajo alquiler, que, no obstante, resultan todavía inaccesibles para la mayoría de los demandantes de la segunda ocupación. Diego Maldonado habla del caso de Málaga y pone la mira en el Gobierno andaluz, al que responsabiliza de la carencia de edificios de protección oficial. «Nosotros atendemos una demanda que, en el caso concreto de las viviendas, no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que se niega a transferirla con la financiación que hace falta para desarrollarla», sostiene.