La justicia malagueña acumula 17.612 sentencias sin ejecutar por falta de medios

La situación de los treces penales es «inasumible» para el decano, quien augura que a final de año se rozarán las 19.000 ejecutorias. El plan de refuerzo autonómico, que afecta a cuatro órganos y acaba el 11 de noviembre, no reduce el colapso

24.10.2010 | 07:00
Imagen del Juzgado de lo Penal número 8 de la capital, repleto de sentencias sin ejecutar.
Imagen del Juzgado de lo Penal número 8 de la capital, repleto de sentencias sin ejecutar.

Los trece juzgados de lo Penal de Málaga arrastraban, hasta junio de 2010 –último dato disponible–, 17.612 sentencias sin ejecutar y acabaron el pasado ejercicio con 17.641, pese a los planes de refuerzo puestos en marcha por la Junta de Andalucía. Esta realidad numérica refleja, en palabras del juez decano, José María Páez, la «situación límite» que atraviesan estos órganos.
Los jueces deben juzgar y ejecutar lo juzgado, según dicta la Constitución. Pero los magistrados, al menos los de Málaga, están sufriendo mucho para cumplir con el segundo mandato: las ejecutorias son parte imprescindible del proceso penal y requieren de un gran papeleo; en estos órganos, cuya plantilla está formada por ocho funcionarios, cuatro empleados se encargan de ello (52 en total).
Éstos, una vez que el fallo es firme, incoan el auto en el que se anota la condena o multa; se pasa al fiscal para que informe y, ya de vuelta al juzgado, el togado decide si envía a prisión al delincuente. Si se trata de una multa, se le requiere el pago, para, en el caso de que se niegue, tratar de averiguar el patrimonio que tiene y embargarlo mandando oficios a múltiples instancias. En definitiva, es un trámite oscuro pero imprescindible.
Un retraso en una ejecutoria permitió que el pederasta Santiago del Valle acabara con la vida de la pequeña onubense Mari Luz Cortés. El presunto autor del crimen había sido condenado por abusos sexuales, pero no ingresó en prisión porque el juzgado no incoó su ejecutoria. Juez y secretaria fueron sancionados, mientras que sus respectivos colectivos profesionales se quejaban de falta de medios humanos y materiales.

«Parches»
Lo cierto es que las ejecutorias no paran de crecer pese a los continuos planes de refuerzo de la Junta de Andalucía: el más ambicioso terminó en enero, cuando quince empleados de apoyo trabajaron en la rebaja de estos trámites. En mayo de 2008, el número de fallos sin concretar oscilaba entre 11.000 y 15.000, mientras que en el verano de 2009 ya se rozaron los 17.000, límite superado ahora (17.600). «Lo peor es que van en progresión, podríamos llegar a las 19.000 a final de año», subraya el decano, quien reclama que «se ponga remedio a esto».
La Junta impulsó a principios de septiembre los conocidos planes de tarde, que en penal afectó a cuatro juzgados, de forma que tres funcionarios por órgano trabajarían tres horas extra durante otros tantos días a la semana, algo que llega a su fin el 11 de noviembre. «No se van a prorrogar, son sólo parches», asevera Juan Antonio Luque, responsable del Sindicato de Técnicos de la Administración de Justicia (STAJ).
«Esto genera muchos problemas prácticos: por ejemplo, en los trabajos en beneficio de la comunidad, el número de plazas es limitado y algunas no se ejecutan; se retrasa el pago de responsabilidades civiles, de las multas y el ingreso en prisión de los delincuentes», explica el juez decano.
«Es inasumible que se espere de nosotros que presidamos juicios, pongamos sentencias y las ejecutemos con la falta de medios que tenemos», apunta Páez, quien se queja de que ni siquiera se les consultó sobre los planes de tarde.
«Ha de hacerse un plan de refuerzo específico. Con el que ya se puso en marcha se sacaron adelante muchas ejecutorias, pero terminó y éstas quedaron abiertas. ¿Ahora quién las tramita?», se pregunta el magistrado.
El dirigente sindical, por su parte, corta por lo sano: «O se aumenta personal o se crean, como mínimo, diez juzgados de lo Penal para asumir la lluvia de sentencias sin ejecutar». Un juez de esta especialidad pone en Málaga más de 600 sentencias al año, celebra juicios y ha de hacer frente a un volumen importante de fallos sin ejecutar (el de Penal 10, por ejemplo, arrastra 2.541).

Calidad jurídica
Elaborar una sentencia necesita de tiempo y estudio, porque cualquier fallo –absolutorio o condenatorio– ha de tener calidad jurídica para que no sea tumbado en instancias superiores. «Muchos magistrados trabajan incluso por la tarde para desatascar el juzgado, pero es imposible hacer más», señala el decano.
Se han pergeñado varias soluciones, pero ninguna ha tenido éxito: se habló de especializar juzgados en ejecución de sentencias, pero la experiencia fue un desastre en las ciudades en las que se implantó. En Sevilla, se presentó un proyecto ambicioso: la creación de una oficina de ejecución. Málaga pidió tener otra, pero al final ambas capitales se quedaron con la miel en los labios.
Los funcionarios se quejan de esta situación y reclaman más medios. Este año se creará el décimo cuarto juzgado de lo penal en la capital. «Algo aportará», dice resignado Páez, quien se lamenta de que, cuando ocurren las cosas, la sociedad le echa la culpa a los de siempre.

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