El Ayuntamiento de Málaga enviará en noviembre al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) un documento con la identificación individualizada de las viviendas y comercios de las barriadas marineras de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña que se encuentran en dominio marítimo-terrestre, de manera que la administración central pueda iniciar la desafectación de los terrenos y los actuales moradores puedan tener las escrituras de los inmuebles.
El equipo de gobierno del PP en el Consistorio de la capital presentará una moción en el pleno de este jueves para «seguir impulsando» la actualización del deslinde del dominio público marítimo-terrestre del suelo sobre el que se levantan estas casas de las playas de Pedregalejo y El Palo.
Hace ya casi un año, en noviembre de 2009, el pleno municipal aprobó impulsar, de acuerdo con una moción del PP, las actuaciones necesarias para que se llevara a cabo el cambio del límite de la zona marítimo-terrestre. Ya entonces se subrayó que este deslinde podía hacerse de oficio, es decir, directamente a iniciativa de la Demarcación de Costas, o de parte, a cargo de cualquier administración o interesado, comunicándoselo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
El documento inicial realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se remitió a finales del pasado mes de julio a distintos órganos tanto de la Administración del Estado como de la Junta de Andalucía. Además, fue sometido a información pública del 21 de julio al 30 de septiembre y, entre otras actuaciones, se llevó a cabo una campaña de sensibilización puerta a puerta para demandar la participación vecinal en la concreción de este registro.
De esa labor de difusión ciudadana, a 30 de septiembre de 2010, habían recogido una copia de la ficha de su vivienda 283 interesados –están afectadas más de 500 casas–, habiéndose presentado, además, 76 alegaciones que, según explicó la delegada municipal del distrito Este, Teresa López, han sido tenidas en cuenta.
El objetivo es que el informe que se remitirá al Ministerio «vaya lo más exacto posible», señaló igualmente el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y, por tanto, «no perdamos tiempo en la redacción de un documento sobre los bienes y derechos de los afectados».
Díaz insistió en que la intención del Ayuntamiento es «colaborar» con las administraciones competentes, de forma que «el procedimiento sea ágil y rápido», sin «inmiscuirse» en competencias de otras instituciones. «Con este trabajo previo hemos hecho un favor al Gobierno central porque es algo que se ahorra», a la vez que subrayó la necesidad de «sacar este tema del ámbito político».
