La dirección de la Policía Local de Málaga se enfrenta al menos a tres demandas por presunto acoso laboral formuladas por agentes femeninas del cuerpo que denuncian situaciones de hostigamiento prolongado por parte de algunos jefes varones.
De los tres casos conocidos, uno de ellos tiene aún carácter de denuncia interna y los otros dos han sido llevados a los tribunales de justicia por la vía contencioso-administrativa; el juicio de uno de ellos tuvo lugar ayer en el juzgado número cuatro de lo Contencioso-Administrativo.
La denuncia interna de presunto acoso laboral la firma una policía que estaba destinada en el Grupo de Escoltas, Menores y Atención al Ciudadano (GEMAC) cuando saltó el escándalo del espionaje a la concejala del PP Rosa Agüera. Fue destinada a otro lugar por no apoyar la versión de los responsables del grupo sobre el caso de espionaje. Interpuso una demanda contencioso-administrativa contra el cambio de puesto y la ganó pero, sin embargo, fue destinada a la comisaría de El Palo donde, según refleja el escrito de denuncia, sufre desde hace dos años un acoso laboral permanente por parte del actual y el anterior jefe de la comisaría. La agente remitió un escrito de denuncia reclamando un cambio de destino que fue enviado al coordinador de Seguridad, Florentino Villabona, sin respuesta hasta la fecha.
Insultos y amenazas
De los dos casos que están en manos de la justicia, uno de ellos se refiere a otra agente que ha sido cambiada de destino. El cambio respondería a una presunta situación de acoso que sufriría esta policía en los últimos meses.
El caso más antiguo fue enjuiciado ayer y quedó visto para sentencia en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4. La policía denunciante, R. R. P., con más de 20 años de antigüedad en el cuerpo, firma esta demanda que denuncia una situación de presunto acoso que se mantiene, según señala en su escrito de demanda, desde el año 2005, cuando la agente estaba destinada en la sala del 092 y llevaba en ese puesto más de 15 años. Todo cambió, expone, con la llegada del subinspector S. M. J., al que ella señala como «autor y responsable de esta situación de acoso», que se inició cuando fue trasladada a otro puesto «sin el menor cauce procedimental ni motivación alguna», habiendo sufrido antes «insultos y amenazas» por parte del subinspector, además de observaciones «machistas y misóginas», que le provocaron una primera crisis de ansiedad.
La agente fue enviada al distrito de Carretera de Cádiz «de forma arbitraria» ya que mientras ella dejaba el 092 traían a otros dos agentes. Este trato «caprichoso» le conduce a una segunda crisis de ansiedad con baja médica, que un doctor en psiquiatría «relaciona con el problema laboral con un superior».
Acuerdo incumplido
Debido a estos problemas de deterioro físico, la agente pidió el pase a la segunda actividad en septiembre de 2005, lo que se le concedió poco después. Pidió volver a la sala 092, lo que se le deniega por la jefatura del cuerpo en un escrito alegando que «provocaba tensiones con los compañeros» y que menoscababa el buen funcionamiento del servicio», cosa que ella rechaza totalmente con el argumento de que nunca ha recibido ni un apercibimiento, ni se le ha abierto expediente alguno.
La denuncia refleja que cuando se decide a poner una demanda por vía penal contra el jefe al que acusa de acosador, éste le propone un acuerdo que ella acepta, que supone, por un lado, la retirada de la demanda y, por otro, que ella iría transitoriamente a la sede del Ayuntamiento hasta que pudiera volver a la sala del 092. Pero este acuerdo, según relata la agente en su demanda, nunca se ha cumplido por parte de la jefatura.
Al contrario, tras meses de tranquilidad, volvieron «los actos de acoso» con la aparición de unas rotaciones que «solo tenían el objetivo de relegarla» y obligarle a ir a las oficinas de videovigilancia de la plaza de La Merced, donde se suceden nuevos casos de «hostigamiento, con el propósito de humillarla y vejarla». Finalmente, volvió al Ayuntamiento donde sigue, sin que se le haya repuesto a su destino del 092.
Versión municipal
Según la agente, desde que se inició esta «intolerable persecución» hace cinco años ha sufrido varias crisis de ansiedad con bajas de diferente duración que sumadas suponen un total de 686 días de baja por enfermedad. Dado que esos días de baja tienen su causa en la «situación de acoso», la agente pide una indemnización de 40.012 euros, además de poder retornar a la sala del 092.
Por parte del Ayuntamiento, la letrada municipal negó que haya existido situación de acoso laboral a la agente al señalar que «nada de lo que aporta justifica una situación de hostigamiento continuado», más bien al contrario, la letrada señaló una «situación de privilegio y de trato favorable».
La abogada municipal habló de que la agente tiene un «largo historial de bajas por ansiedad anterior a 2005», lo que le llevó a apuntar a ese «transtorno como causa «de una inadaptación al trabajo» y a que la agente «vea como discriminación u hostigamiento hacia ella lo que no son más que situaciones de tensión, lógicas en una dinámica laboral», por lo que concluyó que todo se debe a «una peculiar interpretación de los hechos» por parte de la policía local.
La letrada negó que los cambios de destino fuesen discriminatorios, sino que «fueron justificados y respondían a necesidades del servicios». Recordó que existe un reglamento de la Policía Local que señala que los agentes, por las características de sus funciones, «no tiene derecho a la inmovilidad» por lo que no existe «un supuesto derecho a un destino concreto».
