La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga pide un año de cárcel, una multa de 5.400 euros y ocho años de inhabilitación para un técnico del Ayuntamiento de Frigiliana que evacuó informes favorables a la concesión de tres licencias supuestamente ilegales. Lo acusa de un supuesto delito de prevaricación.

El ministerio fiscal también ha presentado cargos contra el promotor de la vivienda y el arquitecto técnico que hizo el proyecto; ambos están encausados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, por el que se les pide un año de privación de libertad a cada uno y sendas multas de 5.400 euros. Para el aparejador, el fiscal reclama además un año de inhabilitación.

J. B. M., administrador de una mercantil, adquirió una parcela en una finca rústica de 3.679 metros cuadrados en Frigiliana con la intención de construir una casa para pasar los fines de semana junto a su familia.

Para ello, contrató los servicios de M. S. L., arquitecto técnico, quien redactó el proyecto técnico «para la construcción de una casa con piscina en suelo no urbanizable», clasificado así por las normas subsidiarias y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Allí sólo podía levantarse una casa vinculada a fines agrícolas, pero, en cambio, diseñó una edificación de 40 metros cuadrados con tejado a dos aguas y una piscina de 24 metros cuadrados, acudiendo a una argucia: presentó dos proyectos separados para la construcción de un almacén de aperos y de una alberca, relata la Fiscalía en su escrito.

El 22 de diciembre de 2005, «con el fin de incumplir las normas y buscar apariencia de legalidad», pidieron una licencia de obras al Ayuntamiento de Frigiliana, que abrió dos expedientes, uno para el almacén y otro para la alberca.

M. A. L. P., como técnico municipal, «conocía la finalidad recreativa de la edificación y la simulación procedimental empleada», e informó favorablemente a la concesión de ambos permisos el 14 de febrero de 2006, dictamen asumido por la secretaria y el alcalde de la villa.

Al poco tiempo, el 28 de julio de 2006, el acusado J. B. M. pidió sin proyecto otra licencia de obra para arreglar un carril y construir un muro de hormigón, lo que se le autorizó el 11 de septiembre del mismo ejercicio, otra vez con el informe favorable del técnico, indica el acusador público.

El 8 de mayo de 2008, el aparejador certifica el final de las obras del almacén y la alberca, pese «a que la solución constructiva final era una casa de altos techos» que estaba inacabada, «ocupando una superficie en suelo no urbanizable de 138 metros cuadrados».

El 2 de junio, el dueño del chalé, amparándose en ese certificado, pidió la licencia de primera utilización y ocupación que dio inicio a otro expediente, en el que intervino de nuevo el técnico, «informando favorablemente» a la concesión de los permisos de primera ocupación –exclusivos para viviendas– respecto de la caseta de aperos y la alberca, rubricando la decisión secretario y alcalde.

Ocultar «la verdadera finalidad»

La vivienda de recreo en suelo no urbanizable, subraya el acusador público, «no se encuentra amparada en las licencias fraccionadas para la construcción de almacén, alberca y carril, conociendo los acusados que sus actos se realizaban para ocultar las verdaderas finalidades del proyecto y tratar de eludir los requisitos establecidos en la LOUA y en las normas subsidiarias del municipio», aclara el fiscal en el escrito de acusación.

Como mínimo, la parcela debía tener 5.000 metros cuadrados y un destino vinculado a las actividades agrícola, forestal o ganadera, concluye el ministerio público, quien también reclama la demolición de lo levantado.