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josé antonio sau Málaga
A la ya de por sí complicada situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del país, el nuevo Código Penal, que entrará en vigor el 23 de diciembre, podría echarle gasolina: la nueva redacción del artículo 89.6 prevé que inmigrantes condenados por delitos inferiores a seis años, y a los que se les sustituye la pena por la expulsión del país, puedan ingresar en los CIE, lo que obligará a convivir a extranjeros que sólo han infringido una norma administrativa con aquellos que han delinquido.
La redacción del nuevo Código Penal preocupa y mucho a los juristas especializados en Extranjería y al fiscal del área en Málaga, Juan Andrés Bermejo. «Se mezcla a inmigrantes en situación irregular con quienes ya han sido condenados por cometer delitos», explica.
Ello puede traer aún más problemas, sobre todo en el CIE de Málaga, ubicado en un antiguo acuartelamiento militar y en un pésimo estado de conservación pese a las continuas reformas. Este edificio, que dispone de 75 plazas para hombres y 20 para mujeres, ha estado en el centro de la polémica desde hace años por los problemas de convivencia entre algunos extranjeros y por los supuestos abusos sexuales que allí se cometieron sobre varias internas.
Ahora, el ya penado por cualquier tipo de delito –de hasta seis años– podrá esperar su expulsión del país en el CIE, un plazo de 60 días que la Policía Nacional usa para documentarlo y cumplimentar otros trámites. Antes, si se le sustituía la pena por la expulsión, el foráneo debía ingresar en prisión –decisión que hacía efectiva el tribunal–. Si no se le conseguía expulsar, simplemente cumplía la condena. Pero, ¿qué ocurrirá ahora si no se concreta su repatriación por cualquier tipo de problema burocrático, algo relativamente habitual?
Quienes están irregularmente en España sólo han infringido leyes administrativas (la Ley de Extranjería). Lo ideal, explican algunas fuentes, es que existan pabellones especiales en los CIE para los extranjeros penados. «Cada vez más los CIE se parecen a una prisión sin contar con las ventajas de éstas», reflexiona Juan Bermejo.
«Puede plantear problemas ingresar a condenados a penas privativas de libertad en centros de internamiento que, según la ley, tienen carácter de centros no penitenciarios», subraya.
Problemas
Además de los ya anunciados roces cotidianos, un aspecto que simplemente podría agravarse, se abre la puerta a que existan otros inconvenientes si no se puede echar al reo. Fuentes judiciales indicaron que, «al ir a documentar al inmigrante por parte de las autoridades consulares, éste puede ser rechazado como nacional del país en cuestión. Nosotros podemos pensar que alguien es de Ghana, pero, por ejemplo, el cónsul nos puede decir que no. Entonces, ¿qué se puede hacer después? ¿qué pasa si no hay plazas para ello en el CIE?». En principio, la nueva ley obligará a estar muy bien coordinados a la policía y a los juzgados, porque si se pasan de plazo, podría darse la circunstancia de que un sentenciado quede en la calle. Actualmente, está prevista la construcción de un nuevo CIE en los terrenos del polígono industrial Guadalhorce, toda vez que ya se ha elegido una parcela que lo acogerá, pese a que el Gobierno y el Ayuntamiento siguen limando asperezas al respecto.
Numerosas organizaciones no gubernamentales han hecho de la plaza de Capuchinos su lugar preferido para protestar por el trato que, según ellos, reciben los inmigrantes irregulares que ingresaron en su día en el CIE.
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