Desobedecer la Ley Antitabaco no es rentable. Sobre todo, cuando se hace solo y se evalúan las consecuencias a largo plazo. El propietario del Asador Guadalmina disfruta de publicidad gratuita para su establecimiento en todos los medios de comunicación desde el pasado lunes. Pero la campaña puede resultarle muy cara.

Y es que, desde el punto de vista legal, según fuentes jurídicas consultadas, la pelea de José Eugenio Arias, el empresario español que permite fumar dentro de su restaurante, no le va a llevar a ninguna parte. Es más, podría enfrentarse a una pena de cárcel. «La Ley Antitabaco prevé una sanción administrativa que tiene que imponerse mediante un procedimiento que tiene un plazo de alegaciones, como las multas de tráfico», explicó a este diario el abogado particular Jaime Olcina.

«Con una multa, no pasa nada. Pero si todos los días le denuncian por su incumplimiento, al final de una larga temporada, como puede ser un año, le pueden acusar de desobediencia grave», añadió. Este acto está tipificado en el Código Penal y su condena ronda entre los 6 y 36 meses de prisión.

En la faceta estricta de la sanción económica, las cuantías que establece la Ley Antitabaco parten de los 601 hasta los 10.000 euros. Si son reiterativas, «podrían llegar a embargarle el local», advirtió.

Un inspector de la delegación de Sanidad de la Junta de Andalucía ya pasó por el asador marbellí y comprobó el pasado martes que los comensales pueden fumar y, de hecho, fuman en su local. Y pese a la publicidad recibida por el restaurante de Arias durante estos días, no ha surtido tanto efecto como parece, al menos según el dueño.

«Son los mismos de siempre», comentó a este diario. El número de clientes no ha aumentado. Se sitúan en la media de 150 diarios que registra en invierno y que se duplica en los meses de verano.

«Yo no he buscado esto por publicidad ni nunca imaginé la repercusión que tendría. Creía que no sería el único que iba a permitir fumar en su local. Lo único que pretendo son defender mis derechos», aclaró.

El hostelero rebelde asegura no estar ya solo y recibir miles de correos y llamadas de apoyo. Aún así reconoce: «A lo mejor no me vale esta lucha si al final van y me cierran el negocio».

De hecho, la Junta de Andalucía ya ha movido ficha para erradicar este problema. La Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía entregó ayer en mano al propietario del Asador Guadalmina un requerimiento para que deponga su actitud, retire los carteles en los que informa de que no acepta la Ley Antitabaco y cumpla la normativa.

Así, desde el Gobierno andaluz han advertido al empresario de que si no depone su actitud, se le abrirá el correspondiente expediente, que podría derivar en una sanción importante, que incluye multas que van desde los 10.001 a los 600.000 euros.

La Administración regional ha asegurado en un comunicado que ya tiene constancia de dos incumplimientos, documentados con una denuncia interpuesta por la Policía Local de Marbella por no atenerse a la reforma de la Ley Antitabaco, que entró en vigor el 2 de enero, además de la inspección que cursó su funcionario de la Consejería de Salud.

Requerimiento

El requerimiento, con fecha 5 de enero y firmado por la delegada de Salud de la Junta en Málaga, María Antigua Escalera, establece lo siguiente: «A la vista de los hechos expuestos y constatados tanto por la Policía Local de Marbella como por la Inspección de la Delegación Provincial de Salud y considerando las mismas presuntas infracciones de la Ley 42/2010 de 30 de diciembre, que modifica la Ley 28/2005 de 28 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco y de la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, se le requiere para que proceda, en presencia de los inspectores de Salud, a la retirada inmediata de los carteles que incitan al consumo de tabaco en su establecimiento, así como a cumplir el resto de la normativa».

Precisamente, desde la Delegación Provincial de Salud han dejado claro que se pondrán todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir la normativa. El tiempo dirá.