La Junta de Andalucía ha dado curso oficial a la tramitación del anteproyecto de la Ley del Turismo, un documento que nace con la pretensión de modificar las reglas de juego del sector y adaptar la actividad a las nuevas exigencias de la economía. El marco normativo, que sustituirá al aprobado en 1999, inició ayer en el Consejo de Gobierno su andadura legislativa, que, de acuerdo con las previsiones, se completará antes de la primavera de 2012.

El contenido de la ley, que cuenta con la aportación de agentes sociales y profesionales, se orienta hacia la articulación de una industria solícita a los requerimientos de la economía sostenible y con un peso bastante más acusado en la administración, donde pasará a formar parte de la toma de decisiones en áreas tan tradicionalmente adversas a este tipo de objetivos como el urbanismo.

El consejero andaluz de Turismo, Luciano Alonso, explicó algunas de las propuestas que concurren a reforzar el peso del sector, entre las que figuran las nuevas potestades en materia urbanística. La consejería, por ejemplo, se arroga la potestad de emitir informes y recomendaciones con anterioridad a la configuración de los planes subregionales de ordenación territorial, así como de coordinar las demandas de la industria con los nuevos modelos de crecimiento. En este sentido, desempeñará un papel determinante la nueva definición de las parcelas destinadas a alojamiento turístico que, por primera vez, responderán a un perfil claramente acotado y homogéneo: la reserva de, al menos, la mitad de su edificabilidad total para hoteles o apartamentos. «La intención es que el urbanismo sea un aliado y no un enemigo del turismo», razonó Alonso.

A la luz de esta nueva figura, la ley prevé nuevas líneas de financiación para atraer en las mismas pastillas servicios complementarios, que comprenden, incluso, a las escuelas de enseñanza de español. Además, se preocupa de distinguir claramente entre las actividades denominadas turísticas y las que tienen incidencia en el sector.

Otro de los puntos más novedosos de la normativa, inspirada en las disposiciones europeas, es la habilitación de nuevas fórmulas de explotación de alojamientos como los condominios y los establecimientos de propiedad horizontal, que autorizan la gestión por habitación o conjunto de unidades y que, hasta el momento, punteaban sobre un vacío legal.

La ley será ampliada y perfeccionada en los próximos meses a través de las observaciones de los distintos colectivos que han participado en su desarrollo. Uno de ellos es la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que confía en que la normativa sea sensible a sus alegaciones. «Seguramente se aprobará con consenso y esperamos que se consiga hacer una norma operativa, con facilidad para aplicarse», declaró Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la organización. El representante turístico de la patronal adelantó que las objeciones de su colectivo se fundamentan en la necesidad de dotar de mayor capacidad de operación a los empresarios que, señaló, en la actualidad, se ven obligados a asumir riesgos que no tienen paralelo en otros sectores. La CEA demanda que se reduzca a diez años el periodo mínimo de mantenimiento de la actividad en un edificio, circunstancia en la que chocan con los sindicatos, que solicitan cincuenta.

El vicepresidente la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje, Joaquín Fernández Gamboa, por su parte, está a la expectativa de que se detallen los controles encaminados a luchar contra el intrusismo. La Unión de Consumidores de Málaga valoró ayer el inicio de la ley que, a instancias del colectivo, incluye nuevos derechos para el consumidor.