El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya no es tan benévolo como antaño, cuando la crisis era apenas una incómoda sombra para los malagueños. Ahora, para declarar la incapacidad permanente de quien lo solicite, el tribunal médico es mucho más exigente y la ansiada paga se aleja de muchos horizontes. Pero los afectados siguen luchando y recurren a los juzgados de lo Social para conseguir en los tribunales lo que la autoridad administrativa les negó. No en vano, estas demandas han crecido un 34% entre 2009 y 2010, desde las 2.626 registradas en el primero de esos ejercicios hasta las 3.523 del segundo de ellos.

«Han subido mucho las demandas que se interponen contra la Seguridad Social; en los juzgados, por lo menos, lo hemos notado. Se reclaman todo todo tipo de incapacidades», explica un funcionario de un juzgado de lo Social.

Juan Antonio Luque, responsable del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), señala: «Es evidente que la gente, ahora que la Seguridad Social ha endurecido los criterios para conceder la declaración de incapacidad, acude a la tutela de los magistrados; pero esta realidad requiere un esfuerzo, porque el repunte del 34% ha sido importante y los ciudadanos quieren respuestas rápidas de sus tribunales».

¿Qué propone Luque? Planes de refuerzo y más juzgados, porque los trece órganos de lo Social están señalando vistas para finales de 2012, salvo en el caso de las demandas de despido, que se fijan de forma inmediata para que el afectado pueda cobrar la prestación por desempleo lo antes posible.

Los datos avalan la tesis de que a medida que la dureza de la crisis ha sido mayor más demandas para reclamar la incapacidad se han interpuesto en los tribunales. En 2008, se interpusieron 2.989, mientras que en 2009 bajaron a las 2.626, para crecer de forma considerable en 2010. En lo que va de año, es decir, poco más de dos semanas, ya se han turnado 106.

José Manuel García es un letrado con amplia experiencia en materia social: «No son las más habituales, pero el estirón que han pegado este año ha sido importante».

En estos casos, explica, «lo esencial es contar con una pericial de parte que sea consistente y que el perito médico sea competente, porque luego habrá de ratificar lo dicho en su estudio; sólo con los papeles del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se hace poco», apunta el jurista, quien señala que, una vez que la Seguridad Social rechaza la petición de declaración de incapacidad, ésta se puede recurrir ante el mismo órgano; si a los 45 días no hay contestación se entiende desestimada por silencio administrativo y se puede acudir a los juzgados.

«Es evidente que puede existir un poco de picaresca, pero no en la mayoría de los casos», indica. Algunos letrados han explicado a este periódico que han visto cómo se le daba el alta para trabajar, por ejemplo, a una mujer con cáncer terminal.

El juez decano, José María Páez, entiende que para hacer frente a la avalancha de demandas en esta jurisdicción harían falta, al menos, tres juzgados de lo Social más, con lo que así mejoraría el tiempo de respuesta y el engranaje. «Aunque lo más importante, a día de hoy, es que empiece a funcionar de una vez la nueva oficina judicial», reflexiona.

Por cierto, los trece órganos de lo Social ya no cuentan ni con el refuerzo extra de los funcionarios ni con los dos magistrados de apoyo sin juzgado que aliviaban la carga de trabajo de sus compañeros con más sentencias.