Un guardia civil, entre los 22 acusados de alijar 2 toneladas de hachís

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La Fiscalía de Málaga pide más de 160 años de prisión y una sanción superior a los 30 millones de euros para los 22 miembros de un grupo organizado dedicado al narcotráfico que fueron cazados in fraganti mientras alijaban casi 2.732 kilos de hachís en el puerto deportivo de Benalmádena. El juicio se celebrará en febrero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Uno de los encausados es guardia civil y, además de a 12 años de cárcel, se enfrenta a tres décadas de inhabilitación para el desarrollo de su labor en las fuerzas de seguridad.
El núcleo principal estaba formado por ocho personas, cuatro españoles, dos británicos y un magrebí. «Éstos, puestos previamente de acuerdo y como responsables de la organización que formaron al efecto, venían dedicándose a introducir en España procedente de Marruecos, y utilizando el puerto deportivo de Benalmádena, sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud: en concreto hachís, en cantidades de notoria importancia».
De esta forma, el marroquí «se encargaba de mantener los contactos directos tanto con sus compatriotas encargados de enviar la sustancia a territorio nacional procedente de Marruecos así como con los magrebíes afincados en Holanda, destino final de la sustancia, encargados de su distribución», señala el fiscal.
El español J. P. P. creó una mercantil en julio de 2003, «lo que permitía al grupo contar con varias embarcaciones de recreo atracadas en el puerto deportivo, que salían el día previsto a primera hora de la mañana con la excusa de la pesca deportiva, desplazándose unas 20 millas mar adentro». Una vez allí, alijaban el hachís, y regresaban a Benalmádena. Ya de madrugada, introducían la droga en una autocaravana.
«Para dar cobertura a las operaciones que realizaban, actuaban en connivencia con el acusado S. M. S., guardia civil en activo, mecánico destinado en el Servicio Marítimo Provincial con base en el puerto deportivo de Benalmádena», añade el acusador público.
El 13 de septiembre de 2004, tras una reunión previa, varios de ellos partieron en una barca rumbo a las costas marroquíes a las 10.00 horas, volviendo a la Costa del Sol a las 16.00. En plena madrugada, cuando eran casi las cuatro de la mañana, la policía los sorprendió descargando la sustancia intervenida, «formando una cadena».
La estaban trasvasando a una autocaravana; dos de los ocho detenidos se tiraron al agua, donde había 19 fardos de arpillera.
En el barco se localizaron otros 72 de una sustancia que, tras ser analizada, resultó ser hachís. En concreto, 2.731 kilos con 750 gramos. El valor que habría alcanzado en el mercado ilícito la mercancía supera los 3,4 millones de euros. Uno de los encausados realizaba tareas de vigilancia para que nada sucediera.
Los hechos han sido calificados como tres delitos contra la salud pública, un ilícito de blanqueo de capitales y dos de falsedad en documentos mercantiles y oficiales.