Quien piense que el telón ha caído ya en el «caso Arcos» contra la corrupción urbanística en Alcaucín está más que equivocado. Las detenciones se produjeron en febrero de 2009, y dos años después Irene Urbón, la instructora del procedimiento, no da abasto. Así, varios órganos judiciales de la Axarquía se han inhibido ya en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga en relación a diversos procesos contra la ordenación del territorio anteriores y posteriores a esta causa para que sea la magistrada quien investigue. Y, según informaron fuentes del caso a La Opinión de Málaga, la togada está investigando diversas estafas por la compraventa de viviendas levantadas sobre suelo no urbanizable en la localidad de la Axarquía.

Este enfoque es novedoso, porque, por ejemplo, en Marbella no se ha considerado como estafados a quienes adquirieron casas levantadas sobre suelos en los que no se podía construir. Más bien al contrario, casi se les consideraba como los cooperadores necesarios de los exediles del GIL. Sin embargo, en Alcaucín se les cree ahora estafados y Urbón, a quien las fuentes alaban por su tenacidad, está ofreciendo a los adquirentes la posibilidad de ejercer como acusación particular en la causa.

«Detrás de una operación urbanística en suelo no urbanizable hay estafa, porque se vende como urbano lo que en realidad no lo es», subrayan. De esta forma, se está haciendo una auténtica labor de rastreo para localizar a los compradores con el objetivo de que puedan ejercer sus derechos. A los que se encuentra, se les toma declaración como testigos. «Han aparecido muchos últimamente», explican.

Estas estafas están relacionadas tanto con grandes promociones de viviendas como con casas aisladas en suelo rústico; y, por otro lado, el hecho de que se estén uniendo numerosos casos al tronco principal hará que el asunto crezca aún más. De momento, hay 43 imputados y la cifra no para de aumentar, porque las fuentes del caso indican que «se están tomando numerosas declaraciones en el juzgado, tanto a implicados como a testigos de los hechos».

Asimismo, se ha dirigido un escrito a la Junta de Andalucía para que técnicos de la Inspección de la Consejería de Obras Públicas participen como peritos emitiendo informes en la instrucción.

De otro lado, se están realizando tareas puramente policiales. Así, hace unos días la comisión judicial se constituyó en la Plaza de la Fuente de Alcaucín para ver con sus propios ojos los desmanes cometidos presuntamente por el exalcade José Manuel Martín Alba (PSOE). De hecho, como ya adelantó este periódico, se investiga una permuta que pudo efectuar el exregidor con un empresario conocido, de forma que el segundo pudo levantar un hotel, lo que motivó a su vez que se tirara el mercado municipal.

Reconstrucción visual

«Se trató de analizar visualmente la reconstrucción de la plaza de la Fuente y buscar si el imputado se apropió del espacio ocupado por el antiguo lavadero municipal –situado bajo el mercado– sin que el Consistorio hiciera nada para conseguirlo», apuntan las mismas fuentes, que aseguraron que las conclusiones sobre el análisis realizado fueron abrumadoras. «Sobre el terreno se ve muy claro», señalan. Éste es uno de los puntos que más ha indignado a los vecinos del pueblo. No en vano, la permuta se discutió en un pleno del Ayuntamiento en 2000 y salió adelante gracias a los votos favorables de los socialistas; el resto de grupos políticos se opuso a ello.

La investigación está llegando a su final, pero para terminar, posiblemente antes del verano, aún faltan varios informes de la Guardia Civil y que la juez, actualmente liberada para investigar con más tranquilidad la causa, dicte el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.