Jacobo Fernández-Llebrez Castaño es el fiscal del Servicio de Criminalidad Informática de Málaga desde mediados de 2008. Además de reprimir este tipo de delitos, en los que tiene una especial importancia la persecución del tráfico y distribución de archivos de pornografía infantil, este acusador da charlas a los padres para que éstos eduquen adecuadamente a sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías. Con alma de pedagogo y la vehemencia de un fiscal, aplica la humanidad en las investigaciones que dirige, odia el delito y trata de ayudar al delincuente. No en vano, ha sido pionero en la puesta en marcha de terapias para pedófilos. De momento, no le va nada mal en su rol de gurú tecnológico de la Fiscalía.

¿A qué se debe la caída de casos de pornografía infantil a través de la Red, desde los 70 de 2009 a los 62 de 2010?

Hace tiempo nos encontrábamos con las respuestas de algunos acusados que nos decían desconocer que bajarse archivos a través de P2P como pueden ser el Emule o Ares también llevaba consigo una distribución. Entonces es probable que haya gente que, a lo mejor, por curiosidad, pinchaba este tipo de cosas y ahora ya no lo hace. O sea que se está educando un poco a los internautas. Las constantes noticias que saca la prensa contra la pornografía infantil también ayudan a que la gente se conciencie de que hay cosas que son intolerables. Hay menos procedimientos de pornografía por eso. Y también porque casi siempre son los mismos acusados.

Usted ha sido pionero al someter a terapia a estos delincuentes...

Bueno, hemos sido de los primeros, porque no creo que seamos los únicos, que han contemplado una de las medidas que recoge el Código Penal, que es la de condicionar la suspensión de la condena a la realización de un curso de educación sexual. Yo creo que ahora mismo habrá nueve o diez condenados que admitieron los hechos y se conformaron con la pena del ministerio fiscal, y que están sometidos a tratamiento, un tratamiento que realiza Instituciones Penitenciarias con un gran esfuerzo, a través del CIS, en Málaga, y algunos de los propios condenados han colaborado, facilitando su tratamiento privado. Han reconocido que ellos tenían un problema, y entonces ellos mismos se han puesto en contacto con psiquiatras, con psicólogos, etcétera... Ahora mismo no hay resultados, porque la mayoría de las suspensiones de condenas condicionadas a estos tratamientos lo han sido por el máximo legal, que son cinco años, y habrá que ver si después de cinco años de suspensión y de tratamiento con informes cada seis meses a la sala sentenciadora, cómo ha resultado la terapia, cómo ha sido. Yo intuyo que en un 80% de los casos va a ser positivo, reconozco que a lo mejor tenemos un 20% de fracaso, porque la persona que se dedica a bajarse pornografía infantil es una persona bastante quebrada interiormente, y entonces probablemente necesite otro tipo de terapia. En el 80% de los casos vamos a recuperar a este tipo de delincuentes.

¿En qué consiste la terapia?

Bueno son terapias de grupo, muy relacionadas con las que reciben los autores de delitos contra la libertad sexual, aunque tienen sus matices. Tienen reuniones, han de hacer trabajos, sesiones de grupo, muchas entrevistas en las que el psiquiatra sondea la arquitectura interna, de valores, de estas personas, su medio de vida, cómo encauza su ocio...

¿Qué valoración hace de la marcha del Servicio de Criminalidad Informática?

Comenzamos a mediados de 2008 y ha sido muy positivo entiendo yo, porque ha generado una especialización, ha facilitado la resolución de problemas que estos delitos tienen, como dificultades técnicas, la colaboración con otros órganos judiciales. Es frecuente que los instructores soliciten a la Fiscalía ayuda para la investigación de estos delitos, y ello ha generado un cuerpo doctrinal y ayuda a los fiscales, a los magistrados y que la gente conozca nuestro servicio. Hemos recibido muchas denuncias que luego se han ido tramitando por la policía. Y hemos dado muchas charlas en colegios a padres para que controlen lo que hacen sus hijos en internet.

¿Se va por buen camino en la lucha contra este tipo de delincuencia?

Yo creo que sí. Además de sancionar a los culpables, también hay que resocializar al delincuente. Y ésa es una labor nuestra. No sólo defender a la víctima y garantizar sus derechos, sino también procurar que estas personas no cometan este tipo de actos.

¿Qué otras vías se están explorando? Se lo digo porque hace tiempo usted comentó que en Granada, por ejemplo, se privaba al pederasta de internet...

En Granada se aplica eso. Pero no sé si eso es posible y cómo lo han conseguido. Es difícil. Eso entra dentro de la terapia. Durante un tiempo a lo mejor no le dejan entrar en internet. O, si entran, deben presentar un documento sobre los archivos temporales de internet para que los psicólogos los controlen.

¿Cuál es el perfil de estos acusados?

Yo creo que no hay perfil, como no sea el de varón, de más de 30 años. Sí se repite el de varón, sin mucha vida social, con poco estímulo del trabajo, o en paro, algunos sólo se dedican a navegar. En temas de pornografía no hay patrón, porque hemos tenido desde médicos hasta bomberos, policías, casados, solteros. Hay muchos más entre personas sin pareja estable, pero también se da en gente con familia. Éstas, cuando descubren a lo que se dedica su marido, sufren un bombazo.

¿En internet todo deja rastro?

Todo lo que se hace deja rastro y se puede investigar por la policía.

Algunos han alegado que se equivocaron al bajarse un determinado contenido...

Todos los operativos que se hacen por la parte de la policía y de la Guardia Civil tienen en cuenta esa posible objeción. Las personas acusadas no son las que se han bajado una película pensando que se bajaban un film en concreto y era pornografía infantil. Tampoco se acusa a una persona que, en un acto de debilidad, se bajó una cosa con consciencia de lo que hacía. Son gente que se ha bajado cosas en más de una ocasión, durante varios días, y sabiendo clarísimamente por el título de lo que se bajaba y el contenido que lo que ahí había que era pornografía infantil.

¿Hay gente que se aprovecha del anonimato para delinquir?

Los malos malos procuran no dejar rastros. Cada vez es más difícil. La prueba informática es volátil y como no investigues pronto todo lo que supere un año es muy difícil. Hay gente que utiliza suplantaciones de personalidad. Hay que tener cuidado a la hora de aceptar un mensaje de una persona que no conocemos, con la que no hablamos desde hace tiempo. Hay que pensárselo para ver qué informaciones le vamos a dar sobre nosotros. Cuidado con los correos que nos envían y en los que hay enlaces. Lo mismo en la red social, cuidado con las invitaciones. Hay que sondear la red antes, pregunta a tus amigos, porque esa persona va a tener acceso a muchos datos. Lo hemos visto en el caso de Marta del Castillo y en otros. En Facebook, personas a través del Tuenti accedían a los eventos y sabían dónde se encontraba una persona en un día y una hora determinados. Eso no interesa que se conozca. Hay profesionales que no tienen por qué publicar su foto, ni sus apellidos completos, y si lo hacen es mejor activar la pestaña de que sólo te vean tus amigos. Hay disposiciones de seguridad que es necesario conocer. Por defecto todo está en abierto.

Las estafas tecnológicas también están en pleno auge...

Es tal el cúmulo de estafas que ya hay países que no colaboran si la cuantía no es importante. Es una forma de restringir la capacidad de respuesta por parte de la Administración de Justicia. Los afectados en 100 o 200 euros, en cuanto tengamos que salir de España porque la página está fuera o el sujeto esté fuera, eso no se va a poder investigar. El consejo que siempre damos es que nunca se compre a través del correo electrónico, siempre a través de páginas consolidadas, donde haya un servicio de información consolidado, un teléfono al que se pueda llamar, pero nunca a través de un correo. Si uno tiene que comprar música que sea a través de páginas con representante legal, con un teléfono de contacto, nunca a través del correo porque no sabemos quién está detrás.

Algunos piensan que en la Red se puede decir lo que se quiera sin temor a consecuencias...

Sí, eso genera un problema jurídico, porque parece que los blogs son muy privados, pero aparecen amenazas, insultos o risas, y es un blog cerrado. Eso genera el problema de si ha habido publicidad o no. Lo típico son contestaciones en los propios periódicos, un insulto oral tiene su gravedad, pero no es comparable con un insulto que queda escrito que luego es muy difícil de borrar. Las personas que realizan comentarios injuriosos o vejatorios tienen que tenerlo en cuenta. Es muy difícil de borrar, porque incluso Google recoge los comentarios.