El turismo sanitario deja un déficit millonario en la Costa del Sol

Andalucía ingresa unos 25 millones de euros del exterior al año como compensación por la atención sanitaria a turistas y extranjeros residentes en la comunidad, según los datos proporcionados por la Consejería de Salud. Pero esta facturación parece quedarse corta si se tiene en cuenta la demanda asistencial de la población turística. Un ejemplo son los turistas de la tercera edad, considerados consumidores potenciales de los servicios de salud. En la provincia casi uno de cada cuatro mayores de 65 años es extranjero residente. La administración pública recibe por cada uno de ellos unos 2.800 euros al año como cuota global.

Expertos en Derecho Internacional y profesionales sanitarios consideran que la directiva aprobada por el Parlamento europeo sobre turismo sanitario pone límites a la atención hospitalaria programada, pero no aporta soluciones al sobrecoste por la cobertura de extranjeros residentes y la saturación en las urgencias en temporada alta.

La norma obliga ahora al estado emisor a autorizar al paciente la intervención en el exterior. Además, ese tratamiento debe estar incluido en su cartera de servicios. De lo contrario, el enfermo debería costearse de su bolsillo esa prestación sanitaria si quiere coger un avión y operarse en otro hospital. Además, el país que asiste, por ejemplo España, puede denegar el servicio si va en contra del interés general de su sistema, o por cuestiones de organización, como falta de camas o equipo.

«Muchos extranjeros se escapan de esa regulación. Las urgencias seguirán siendo vía de entrada de pacientes con la cadera fracturada que se operarán», asegura Gregorio Blanco, responsable del Sindicato Médico en la Costa del Sol que, por otra parte, subraya la universalidad del sistema sanitario español. Lo que los profesionales plantean es mejorar el sistema de compensación por la asistencia a turistas. «En mi opinión, habría que tener un buen servicio de cobro del reembolso por los servicios prestados aquí, y contabilizar bien las facturas. El problema es que en España no hay una cultura del gasto», explica Mayte Echezarreta, directora del Observatorio de Gerontomigraciones y profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga. Estudiosa de este fenómeno, valora positivamente la apuesta que la directiva hace por la telemedicina, y que regule la instalación de puntos de contacto para que los pacientes puedan consultar la cartera de servicios y las organizaciones de seguros de cada país.

España no sólo cobra por residentes extranjeros. También recibe el reembolso del gasto de los turistas que hacen uso de la tarjeta sanitaria comunitaria o reciben la prestación. En este caso, la Seguridad Social ingresó 88,9 millones de euros (no ha cerrado los datos de la recausación por los residentes extranjeros).

Satisfacción en el Gobierno

La nueva legislación europea, que debe ser refrendada por el Consejo de Ministros europeos y aplicada por los estados en dos años, no regula la atención en las urgencias. La directiva llega tras dos años de negociaciones en las que el Gobierno ha luchado por una norma que garantizara la libre circulación de pacientes, poniendo límites y sopesando los costes. La Secretaría del Ministerio de Sanidad ha señalado a este periódico que su posición es favorable a la directiva, aunque apela a la cautela, porque hay que esperar como queda el texto que debe aprobar el gobierno comunitario.

Las trampas

Las artimañas que supuestamente utilizan los extranjeros para aprovecharse de las ventajas del sistema de salud español quedan fuera de la norma. La puerta de entrada son las urgencias. Así lo apunta un estudio del Consejo General de Enfermería, que se refiere a la siguiente situación: un viajero que se camufla como turista, sufre una crisis de una patología crónica, llega a urgencias, es ingresado y operado. Por ejemplo, un británico que recibe una prótesis de cadera sin coste, mientras que en su país el seguro no lo cubre.

Juan Antonio Astorga, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, aplaude en parte la directiva, porque a su juicio regula el proceso asistencial programado en los hospitales, pero «hay que llegar a más». Cuenta de su experiencia laboral en la Axarquía que muchos británicos se han operado de cataratas o han recibido un marcapasos entrando por urgencias.

Pero la mayor preocupación de los gestores sanitarios es asumir el coste de una población flotante extranjera que presenta problemas crónicos, como artrosis, problemas de movilidad o enfermedades cardiovasculares derivadas del tabaquismo y la hipertensión. En la provincia hay censados más de 43.000 extranjeros residentes de más de 65 años. «Una parte de ellos tiene una casa o un apartamento en la costa, su estancia se prolonga durante seis meses, durante los cuales va a disponer de la cartera de prestaciones. Es un consumidor de servicios por definición. Pero para ellos no está pensando el sistema de atención a extranjeros», indica el estudio. Es decir, la cuota global que paga el país emisor no compensa los gastos que asume el servicio público.

Más de 1,8 millones de turistas extranjeros visitaron la Costa del Sol el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. En temporada alta, los centros de salud se masifican con la afluencia de viajeros, lo que genera un coste desde el punto de vista organizativo. «El médico consume más tiempo porque existe la barrera idiomática. A la costa le viene muy bien este mercado; también es prestigio para el sistema de salud, pero necesitamos contar con los medios necesarios», incide Gregorio Blanco, médico de primaria. Rafael González, responsable de salud en CCOO, añade que el sobrecoste se debe porque no se asignan los fondos necesarios para asistir a la población turística.

La presión asistencial de la población extranjera es notable en el distrito Costa del Sol. En el Hospital de Marbella, una de cada cuatro urgencias la registra un inmigrante; y casi el 40% de los bebés que nacen son de madres o padres extranjeros.