Un singular pacto entre IU y PP forzó ayer a la Diputación de Málaga a aprobar en el pleno una moción para pedir a la Junta de Andalucía que impulse el tan repetido tercer hospital, con el fin de descongestionar las listas de espera quirúrgica y de consultas a especialistas. En la sesión plenaria no faltó ningún diputado de la oposición, lo cual permitió que la propuesta saliera adelante una vez que los populares lograron el voto de los dos representantes de IU.

Los pacientes malagueños y de Granada son los que más esperan en Andalucía para ser operados, con una media de 58 días, según los últimos datos de la Consejería de Salud. En la actualidad 11.808 personas están en lista de espera para una intervención. Esta cifra ha servido a la oposición para lanzar otra vez la demanda de un tercer hospital en la capital. Mientras tanto, sigue sobre la mesa el proyecto de construir un macrohospital que aglutine los edificios del complejo Carlos Haya y sume más camas y espacio para consultas e investigación clínica.

Ayudas a VPO

La alianza PP-IU se plasmó también en una iniciativa que sacó adelante el pleno para pedir a la Junta de Andalucía que mantenga las ayudas a la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), rechazando así la supresión de las subvenciones estatales a las comunidades acordada en diciembre por el Gobierno central. Esa medida del Ejecutivo da al traste con la política andaluza de promoción de VPO. El portavoz socialista en la Diputación, Jesús Mora, tildó de «hipócrita» la moción, porque a su juicio lo que se pretende ahora es facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda a través de las ayudas al alquiler.

Por otro lado, la Diputación aprobó por unanimidad una moción del grupo popular para incrementar los recursos en educación especial. Según los cálculos del PP, en la provincia hay cerca de 1.000 niños con discapacidad que necesitan medios en las escuelas, como profesores de pedagogía terapéutica, expertos en audición y educadores.

Cátedra de empleo

Los grupos también aprobaron en la sesión un convenio de colaboración con la Universidad de Málaga y 15 instituciones públicas y privadas para crear una cátedra de empleo y protección social en la Facultad de Trabajo. Esta oferta de estudios se centra en la organización de los recursos humanos, la formación de los trabajadores y en las políticas de protección social en el sistema público.

En el ámbito de la educación se acordó, además, prorrogar el convenio para implantar los centros Guadalinfo, que dotan a la provincia de una red de instalaciones de acceso público a internet. Este programa, que se aplicará en municipios menores de 20.000 habitantes, cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros.

En el capítulo de mociones denegadas, figura una propuesta del PP para reformar la financiación local