El secretario general de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Jaime Aguilera, reconoció ayer que los convenios urbanísticos enviados por el Consistorio de Marbella no eran estudiados por los técnicos ante la sorpresa general del tribunal del juicio del «caso Malaya».

Aguilera fue llamado por la defensora de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, y respondió con sorprendente desparpajo. En un primer momento, los convenios «no llegaban» y, «si lo hacían, la mayoría era sin informes», para insistir después en esta idea: «No llegábamos a estudiarlos».

En este sentido, aclaró: «No se entraba en el fondo porque es un acuerdo entre partes», reconociendo, acto seguido, que el Consistorio «se compromete a muchas cosas» con estos documentos. La Junta, vino a decir, fiscalizaba el acto administrativo, no el documento en sí mismo.

A preguntas del letrado de la Junta de Andalucía, acusación popular en este caso, precisó que lo que recibe la Delegación del Gobierno por parte de los consistorios «es un extracto» de los actos administrativos acordados», lo que no incluye tal cual los términos del convenio.

Crucero Banús

Otro de los testigos que intervino ayer en la pieza de «Crucero Banús», que concluirá el lunes que viene, fue el extesorero municipal José Muñoz. Éste aseguró que Roca no le daba órdenes y que recibía los convenios «bastante después» de que se firmaran y de forma poco ortodoxa, ya que, según explicó, «se presentaba un empleado con un sobre, lo abría y veía que era un convenio urbanístico», por lo que «lo primero que hacía era ir a Intervención» para ver si lo tenían.

En este sentido, apuntó que a veces los convenios iban acompañados por una parte del pago correspondiente al mismo y apuntó que instaba a que le informaran cuando se tramitara la licencia de obra para exigir la segunda parte del abono. Añadió que en el caso de Crucero Banús, se tuvo que realizar providencia de apremio, que se remitió al Patronato de Recaudación, dependiente de la Diputación, organismo que «incluso embarga una pequeña cantidad de dinero».

Señaló que las sociedades municipales se escapaban a su control, «lo cual es un error de la ley», no así el Ayuntamiento; y apuntó que los caudales públicos se ingresaban en una misma Tesorería y las órdenes de pago procedían del alcalde o el edil de Hacienda, si se había delegado en él, mientras que el interventor «fiscalizaba» y el tesorero «ejecutaba». Añadió que si un convenio no puede realizarse «habría que promover un expediente para devolución del ingreso».

Asimismo, compareció el que fuera segundo de la Policía Local de Marbella en 2001 y actual intendente jefe, Rafael Mora, quien señaló también que Roca no le dio órdenes «directamente» nunca y que no tenía conocimiento en ese momento de que hubiera corrupción ni en su cuerpo policial ni en el Ayuntamiento. Añadió que él no ejerció funciones de inspección urbanística, lo que en todo caso le habría correspondido al entonces jefe, Rafael del Pozo, acusado en otro bloque de la causa.

El tribunal ha pedido a las partes, acusaciones y defensas, que hagan un resumen o informe de prueba para concluir el bloque dedicado a analizar la operación urbanística denominada «Crucero Banús», que comenzó el pasado 13 de diciembre con la declaración de los acusados y en el que han comparecido más de una veintena de testigos y peritos.

Según explicó el presidente de la Sala, José Godino, se trata de elaborar un resumen de prueba, que los letrados de las acusaciones y las defensas presentarán de forma voluntaria y expondrán el próximo lunes día 14 de febrero en una vista oral. Con esto, los miembros del Tribunal harán una deliberación abierta y de carácter interno que les servirá para la sentencia.