Las prostitutas piden irse a la depuradora del Guadalhorce

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA El conflicto suscitado a causa de la ordenanza municipal que regula el ejercicio de la prostitución podría estar próximo a su fin. El colectivo de trabajadoras del sexo planteó ayer en la mesa técnica de la prostitución trasladarse a una parcela próxima a su actual ubicación.

Concretamente cambiarían el polígono Guadalhorce por un terreno cercano, frente a la depuradora del Guadalhorce, cruzando la N-340 y paralelo al río. El Ayuntamiento de Málaga por su parte se ha comprometido a analizar si esta zona cumple con la normativa así como a analizar la titularidad de la parcela para ver si es pública o privada y determinar la posibilidad de que sea ocupada, indicaron la directora del Área de Participación, Ruth Sarabia; la representante de CCOO, Miriam Hernando –sindicato que está mediando en el conflicto– y un portavoz de la organización Mujeres Emancipadas que trabaja con el colectivo.

Todas las partes coincidieron en la buena voluntad mostrada en el encuentro frente a la tensión y el desacuerdo de la semana pasada. La fecha tope para comunicar esta resolución es el 2 de marzo, cuando habrá una nueva reunión.

La ordenanza prohíbe las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública siempre que afecten a la convivencia, es decir, que se produzcan a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales y empresariales.

La semana pasada se reunió la mesa de la prostitución, en la que están representados vecinos, empresarios, organizaciones que trabajan con el colectivo, las propias prostitutas, el Ayuntamiento, los diferentes grupos municipales y hasta sindicatos. Todas las partes mostraron su desacuerdo con la aplicación de la norma e incluso Médicos del Mundo ha abandonado este foro lanzando duras acusaciones contra el Consistorio y solicitando que se dejara de multar a las prostitutas hasta que no se lograra un nuevo emplazamiento.

En este sentido, el sindicato CCOO pidió ayer que se suspenda la aplicación de la norma hasta que se halle este nuevo emplazamiento, pero el Consistorio continuará sancionando. Un grupo de colectivos han recurrido además la ordenanza ante el TSJA por posible vulneración de derechos humanos.