Asesinato, quebrantamiento de condena y malos tratos habituales. Estos son los cargos por los que J. R. C., el hombre de 41 años que presuntamente asesinó el martes a Susana María (37) después de que ésta llevara a la hija de ambos al colegio, ingresó ayer en prisión comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga.
Sin embargo, esta no fue la única noticia que surgió ayer en torno a un caso que está provocando bastante nerviosismo en la alta esfera política local, regional y nacional. Al menos en el ámbito del Ministerio del Interior, desde donde se está buscando una explicación a lo sucedido, si hubo o no un error en el control del caso, si se cumplió a rajatabla el protocolo de actuación. Algunas fuentes policiales consideran que Interior está buscando «un cabeza de turco».
Explicaciones a la Comisaría
Lejos de cuestionarse el sistema que le otorgó a Susana María un «nivel bajo de riesgo», desde el Gobierno buscan respuestas en el penúltimo eslabón de la cadena. Así lo pudo saber ayer La Opinión de Málaga, cuyas fuentes aseguraron que, desde que se produjo el crimen, son varias las llamadas telefónicas que han pedido explicaciones a los responsables de la Comisaría Provincial de Málaga, lugar en el que se localizan las oficinas de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP). Esta unidad está compuesta actualmente por ocho agentes especializados en la protección de la mujer víctima de violencia de género.
Allí es donde se gestionan y se aplican los cuatro niveles de seguridad que establece el protocolo de valoración del riesgo de cada víctima. Tal y como publicó ayer este periódico, las medidas del nivel bajo que le correspondían a Susana María se aplicaron hasta que la policía le perdió la pista por un cambio de domicilio del que los agentes no tuvieron constancia. Así lo confirmaron fuentes cercanas al caso, las mismas que insistieron en que los intentos de contactar con ella telefónicamente no fructificaron.
Seguimiento
Según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno de Málaga, a día de ayer, el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género contabilizaba en la provincia a 1.821 mujeres con algún tipo de riesgo (bajo, medio, alto o extremo). Una de ellas está catalogada como de riesgo extremo, ocho son de riesgo alto, mientras que el resto se reparten el medio y el bajo. Según las mismas fuentes, 1.054 mujeres con algún tipo de riesgo se localizan en la capital, cifra que supone casi el 58% del total de la provincia. Aunque los niveles de seguimiento son diferentes en cada caso, el volumen de trabajo parece abrumador.
Si desde un sindicato policial aseguran que «la carga ideal de trabajo» es de entre 4-5 casos por agente y el límite debería ser de 10, la realidad habla de proporciones bien distintas. Y es que fuentes policiales insistían ayer en que la media de seguimientos que puede llevar cada agente ronda el medio centenar.
Los ocho miembros de la UPAP de Málaga son los responsables de cumplir el protocolo de valoración del riesgo. En el nivel bajo, además del contacto telefónico esporádico ya mencionado, deben facilitar a la víctima números de contacto permanente con los cuerpos de seguridad, comunicar al agresor que la víctima posee un sistema de protección, recomendar medidas de autoprotección e informarla de forma precisa sobre la teleasistencia móvil.
En el caso del nivel de riesgo medio, las medidas obligatorias exigen un control más exhaustivo: vigilancia ocasional y aleatoria entre el domicilio, el lugar de trabajo de la víctima y en la entrada o salida de colegio de los hijos; acompañar a la víctima en las actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo; procurar facilitarle un terminal móvil del servicio de teleasistencia; y una entrevista personal entre el responsable de la protección y la víctima.
En nivel de riesgo alto, la vigilancia se convierte en frecuente y, si es preciso, hay que insistirle a la víctima para que se traslade a un centro de acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros días, sobre todo si no se detenido al agresor. El control esporádico de los movimientos del agresor completa este nivel.
Por último, se encuentra el nivel de riesgo extremo. Aquí se exige una vigilancia permanente sobre la víctima y un control intensivo sobre el agresor, así como la vigilancia en la entrada o salida del colegio de los niños.
