La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la demolición de los cinco escalones que dan acceso a la vivienda de los padres del concejal socialista del Ayuntamiento de la capital Sergio Brenes por invadir la acera e impedir el paso de los viandantes, según anunció ayer la jefa del departamento de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo.
El expediente por esta escalera ilegal fue abierto por Urbanismo en 1995, que impuso una multa de 10.000 pesetas, pero desde entonces, según reconoció Domingo, en estos 15 años no se había vuelto a reclamar la demolición hasta el pasado mes de enero en que Urbanismo inició «una revisión de antiguos expedientes que estaban durmientes».
La jefa de Disciplina Urbanística señaló que ya se ha dado la orden a la empresa que tiene contratada Urbanismo para que ejecute la demolición, «lo que hará en unos días». Domingo reconoció que en estos quince años no se ha actuado, «porque hay actuaciones más urgentes y porque las infracciones que se cometen en la vía pública no prescriben nunca».
Se trata de una escalera de cinco escalones que permite el acceso a la vivienda, una casa de dos plantas, de autoconstrucción, en la calle Regaterín, en Campanillas, propiedad de los padres del concejal del PSOE Sergio Brenes, que también vive en ella junto a un hermano.
El concejal, por su parte, explicó que efectivamente la escalera de acceso «invade totalmente la acera», y que sus padres, «como cualquier ciudadano, deben cumplir la ley, pero le hemos pedido a Urbanismo que nos dé una solución, ya que la escalera es la única posibilidad de acceso a la vivienda y este problema también lo tienen otros vecinos».
Brenes explicó que en 1993 el Ayuntamiento de la capital realizó obras de asfaltado en la calle que hasta entonces era de terrizo, pero al ser una vía en pendiente dejaron un gran desnivel entre la acera y la casa, «superior a un metro de altura»; por ello no tuvieron mas remedio que levantar los escalones».
Expediente desde 1995
En 1995, la Gerencia de Urbanismo les abrió un expediente reclamando la restitución de la normalidad con la demolición de la escalinata y les impuso una multa de 10.000 pesetas, «que mis padres pagaron», según el edil.
Brenes aseguró que desde la multa hasta ahora «mis padres no tienen constancia de haber recibido ningún aviso o requerimiento en estos años, hasta el pasado 15 de febrero en que recibieron la comunicación de Urbanismo exigiendo la demolición de la escalera y advirtiendo de que en caso contrario lo hará el Ayuntamiento de manera subsidiaria, aunque señalando igualmente que tienen derecho a recurrir». «Mi familia quiere cumplir la ley y está por derribar la escalera si eso es lo exigido, sólo pide que Urbanismo le diga qué solución adoptar», dijo Brenes.
Caducidad
La vivienda de los padres de Sergio Brenes fue construida por el método de autoconstrucción en 1991, sin licencia, por lo que recibió una orden de paralización. Posteriormente, en 1995, tuvieron que abonar una sanción urbanística de 525.000 pesetas, correspondiente al 5% del valor de lo construido. El expediente por la construcción sin licencia siguió adelante, pero como Urbanismo no actuó en los años siguientes fue archivado definitivamente en 1999 por caducidad ante la inactividad de la administración.
