El urbanismo en Málaga va entrando por la senda de la legalidad, aunque sea a través de medidas excepcionales como la regularización de miles de viviendas que estaban construidas en suelos no urbanizables. De las 50.000 viviendas irregulares que se calculaban en la provincia, la Junta ha legalizado la situación de un 71 por ciento en apenas un año y medio.
La aprobación de los distintos planes de ordenación urbana ha abierto la puerta a incorporar grandes bolsas de viviendas que estaban en un limbo legal. Levantadas sobre suelos donde no se podía construir, habían sido comercializadas y habitadas a lo largo de la pasada década, creando un problema legal para las corporaciones y la administración autonómica.
En Marbella, 18.000
La solución adoptada en Marbella, donde se acumulaba la principal bolsa de viviendas irregulares de la provincia, con 18.000, ha servido de ejemplo para otros municipios. La mayor parte de estas urbanizaciones o promociones han recibido el visto bueno de la administración a cambio de compensar al erario público por ocupar un suelo que estaba destinado a equipamiento, zona verde o, simplemente, estaba fuera de la ordenación. Sin embargo, no ha sido una amnistía general. El nuevo PGOU dejó fuera a 14 urbanizaciones con 752 casas, entre ellas algunas emblemáticas como Banana Beach, que se encuentran ante la difícil tesitura de afrontar un posible derribo.
El anuncio del viernes realizado por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, abre la posibilidad de resolver este problema en la Axarquía, donde se ha realizado un inventario de viviendas en situación irregular. De las 12.700 registradas, 11.000 podrán incorporarse al ordenamiento urbanístico, mientras que habrá que plantear el derribo de unas 1.700 que están construidas en alguna zona protegida o han sido promovidas en los últimos cuatro años.
Decreto andaluz
Con estas dos intervenciones se han abierto dos puertas para esquivar las restrictivas condiciones de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Por un lado, la Consejería de Obras Públicas prepara un decreto a nivel andaluz que permitirá regularizar la situación de cualquier inmueble que cumpla una serie de requisitos. Aunque no se ha querido adelantar estas condiciones por estar en redacción, se prevé que sean similares a las que se aplicará en la Axarquía.
Por otro lado, la redacción de los PGOU está facilitando poner orden en muchos municipios donde estos planes habían quedado obsoletos y se urbanizaba sin seguir un patrón claro. El modelo de Marbella se ha repetido en otros municipios con estos problemas, como Coín, donde se han legalizado 2.000 viviendas; Estepona, con 3.000 viviendas; y Alcaucín, con 1.800.
Queda por resolver algunos puntos negros, como Mijas (con 8.000 viviendas) y Cártama, con otros 2.000 expedientes abiertos por irregularidades.
