El Gobierno no ha expulsado a ningún menor extranjero llegado a Málaga sin la compañía de sus padres desde 2009 por las dificultades para lograr información de los países de origen, requisito imprescindible para que culmine el correspondiente expediente de reagrupamiento familiar. En total, hay 144 jóvenes en esta situación a la espera de que la Subdelegación envíe las carpetillas a la Fiscalía para que ésta pueda informar sobre si procede o no la repatriación.

El fiscal especialista en la materia, Juan Andrés Bermejo, explica que «las reagrupaciones de los menores con sus familias están paralizadas dadas las dificultades que se plantean a la hora de materializar las repatriaciones, puesto que no se consigue obtener todo la información necesaria para actuar con suficientes garantías». Ahora, el ministerio público tiene que informar antes de que culmine el trámite.

El itinerario administrativo parece sencillo: una vez que llegan a España estos jóvenes, se les declara, conforme al Código Civil, en desamparo y la Junta de Andalucía asume su tutela, entrando en una residencia habilitada para acoger a niños inmigrantes. En nueve meses, hay que documentar al menor, además de obtener información sobre su familia de origen y su localización. Si ello no ocurre, debe otorgársele el permiso de residencia.

«Eso lo debe hacer Asuntos Exteriores, y se requiere la colaboración del país de origen: no se trata sólo de saber quiénes son y dónde viven, sino que hemos de conocer si van a estar mejor o igual que en España si los reagrupamos», subraya el acusador, quien, no obstante, elude comentar si esos países ayudan o no en la tarea, al ser un tema muy ligado a los avatares políticos, aunque fuentes judiciales consultadas por La Opinión de Málaga aseguran que ése es, precisamente, el quid de la cuestión.

Actualmente hay 144 expedientes de reagrupación abiertos que necesitarán, en su momento, del visto bueno del fiscal. La mayoría de los menores son magrebíes y subsaharianos (Ganha o Gambia, principalmente); otras repatriaciones ya se han dictado, pero no se han materializado aún porque no se ha dado cuenta al ministerio público. «En los dos últimos años no se ha producido ninguna expulsión –de este tipo–», aclara el acusador.

Calidad de vida

«Si él abandonó el país no tiene sentido reagruparlo con la misma familia, precisamente porque se vino para no seguir como estaba», añade. Esa información, asegura Bermejo, «es difícil de conseguir». La pregunta a esas naciones es anterior a la incoación del expediente. «Muchos de ellos están mejor aquí, pero el procedimiento es complicado porque hay tener mucha información del menor y la colaboración de esos países es fundamental».

Otro de los problemas es que no hay plazo, porque muchos de esos menores que esperan ser expulsados tampoco tienen la consideración de legales: «Si una nación no colabora, la Junta debe dar los pasos adecuados para que se les dé la residencia; la misma celeridad que existe para realizar averiguaciones sobre si resulta factible reagruparlos debe darse para documentarlos y otorgarles la residencia si no resulta factible repatriarlo». Están en un limbo jurídico.