La oficina judicial prevé servicios comunes de ejecución

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Adriano Moreno, responsable de SPJ-USO, cree que lo que hacen falta «son manos extra», más que secciones específicas de ejecución. Por ejemplo, lo ideal sería, dice, «subir el número de ejecutores de tres a cinco» en las secciones de la Audiencia y la cifra total de funcionarios adscritos a los penales de ocho a diez (éstos ejecutan las sentencias con penas inferiores a seis años de cárcel) .

Las plazas de funcionarios ejecutores (suelen ser gestores o tramitadores) en las secciones penales de la Audiencia están ocupadas siempre por personas distintas; la rotación es altísima dada la responsabilidad del trabajo (ellos ponen en busca y captura a los huidos, por ejemplo) y la sobrecarga enorme que soportan. Fue una sentencia sin ejecutar la que propició, de manera indirecta, el crimen de la niña Mari Luz Cortés. Su asesino debía estar cumpliendo condena por abusos sexuales, pero no se ejecutó el castigo y Santiago del Valle actuó con libertad. Todo el mundo cargó contra el juez, nadie contra el exceso de trabajo.

El responsable de STAJ-Málaga, Juan Antonio Luque, afirma que la oficina judicial apuesta por la especialización de servicios, de tal forma que un gran órgano se ocupará de ejecutar las sentencias civiles y penales. «Pero sin medios, será un desastre», apunta.

Ya ocurrió en Madrid y Barcelona, donde se especializaron juzgados de lo Penal en ejecuciones pero no se resolvió el colapso. «Hacen falta medios. No se ha aumentado el personal de servicios comunes desde hace años», explica.
Ambos sindicatos han sido beligerantes a la hora de pedir más órganos penales y una mayor dotación de personal, pero sus demandas, hasta ahora, han caído en saco roto.