Alejandra José Chica Rama tiene 36 años y está embarazada de 20 semanas. Trabaja en la planta de Neumología del Hospital Costa del Sol como enfermera desde hace diez años y los últimos ocho con la plaza en propiedad, un cometido que realiza cada día de forma concienzuda.
Alejandra y su hijo están expuestos a riesgos biológicos (al estar en contacto con pacientes con enfermedades infecciosas como VIH, tuberculosis o gripe A, entre otros); físicos (trabajo nocturno o movilización de pacientes), y químicos (administración de medicamentos citostáticos).
La joven, conocedora de las circunstancias que rodean a su trabajo y de la posibilidad de solicitar el permiso de riesgo por embarazo que han reclamado compañeras suyas de forma habitual desde 2004 en función a la ley de prevención de riesgos laborales, procedió a tal extremo. Tras recabar los informes de su propio hospital para ello, centro que determina que no existe la posibilidad de trasladarla a otro puesto, acude como es pertinente al Instituto Nacional de la Seguridad Social que es el emite el dictamen de concesión del mismo, relata la afectada que estuvo acompañada y respaldada en la entrevista por el secretario provincial del sindicato de enfermería Satse, Eugenio Pérez, y el delegado de la central en el Costa del Sol y delegado de Prevención, Juan José Sánchez.
Pero a Alejandra le ha sido denegado este permiso en su estado de gestación actual, «considerándose que con la aplicación de las medidas preventivas necesarias previstas y propuestas, es posible la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo para evitar o minimizar los riesgos alegados». Una circunstancia que niega la afectada y los representantes sindicales, ya que no existe esa posibilidad tal y como ya expresaba el centro hospitalario.
Sin embargo, el propio escrito de la inspectora de la Seguridad Social indica que médicamente procedería emitir certificación positiva para el riesgo específico de embarazo si no cambia la situación laboral y/o de salud, en la semana 37 de gestación, y le indican que no cabría iniciar el procedimiento para la obtención de la correspondiente prestación.
Otros casos
Alejandra no comprende por qué existe riesgo semanas más adelante y no actualmente cuando el trabajo es el mismo y tampoco entiende por qué ella no es beneficiaria de este derecho que actualmente han podido disfrutar compañeras suyas del mismo hospital y que se están otorgando también en otras provincias.
Los representantes del Satse califican este hecho de discriminatorio y consideran que esta inspectora en concreto está denegando de forma sistemática estos permisos desde 2008, coincidiendo con la crisis. José María Sánchez explica que el Costa del Sol fue de hecho «el primer hospital de España donde comenzaron a gestionarse las peticiones de estos permisos en 2004, ejemplo que siguieron el resto de hospitales de la provincia y que se extendió a Andalucía».
Ante esta respuesta Alejandra ha denunciado a la inspectora médico de la Seguridad Social ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella y ha solicitado de nuevo este derecho, iniciando el proceso. La joven ha remitido además un escrito a la Consejería de Salud y ha pedido también una reunión con la jefatura de la inspección. Y es que Alejandra no piensa cejar en su empeño ni escatimar esfuerzos hasta beneficiarse de los mismos derechos que otras compañeras suyas en la misma situación y, sobre todo, salvaguardar la salud y el bienestar de su futuro hijo, afirma.
Eugenio Pérez, del Satse, explica que ya se están dando otros casos en la provincia, como el de otra enfermera del Distrito Guadalhorce que también ha presentado una denuncia en Málaga.
Una portavoz de la Seguridad Social trasladó la imposibilidad de pronunciarse ante la protección de datos de los afiliados e indicaron que éstos no están desprotegidos ya que pueden acudir a un contencioso-administrativo o a los tribunales. Así comunicaron que al haber optado la denunciada ya por esta vía sólo cabe esperar la resolución de la justicia.
