La Audiencia Provincial de Málaga juzgará el 4 de julio a la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; al exjefe de la Policía Local Rafael del Pozo y a tres agentes de base por ocultar supuestamente diversos atestados de tráfico con el fin de evitar que éstos tuvieran consecuencias penales para los conductores. Al menos en uno de los casos, el afectado era un conocido periodista del corazón y en otro, un empleado del depósito municipal de vehículos.

Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, dos de los agentes encausados, F. J. M. G. y J. M. S. M., «ocultaron tres atestados». El primero de ellos era relativo a un conocido colaborador de programas del corazón por un presunto delito contra la seguridad del tráfico cometido en mayo de 2005; el segundo tenía que ver con un presunto delito de malversación y falsificación de un empleado del depósito municipal de vehículos. Por último, el tercero estaba relacionado con otro ilícito contra la seguridad vial. Ninguno de ellos llegó a ser presentado, siempre según las tesis de la acusación, «ante el juzgado de guardia correspondiente». Todos los expedientes tienen fecha de 2005.

Rafael del Pozo, exjefe de la Policía Local de Marbella, dio órdenes de ocultar, relata el responsable de la acusación, otros dos atestados, mientras que el tercer agente, el 15 de febrero de 2004, «dio de baja informáticamente en el sistema de registro de atestados GESPOL» otro expediente.

Asimismo, fue instructor de una segunda denuncia que remitió el 13 de mayo de 2005 directamente al jefe de la Policía Local «sin darle carácter judicial, sino el de mera información administrativa».

Por otro lado, la exalcaldesa Marisol Yagüe «hizo las gestiones necesarias e impartió órdenes» el 8 de agosto de 2008 para hacer desaparecer supuestamente otra de las carpetillas.

Los funcionarios policiales F. J. M. G. y J. M. S. M. están acusados de un delito continuado de omisión del deber de impedir ilícitos en concurso con otro tipo continuado de infidelidad en la custodia de documentos. En total, se enfrentan a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, tres de prisión y a multas de 13.500 euros.

Del Pozo se enfrenta a un delito continuado de omisión del deber de impedir delitos en concurso con un ilícito de infidelidad en la custodia de documentos, por los que se le piden tres años de prisión, siete de inhabilitación para empleo o cargo público y una sanción económica de 13.500 euros.

Delitos varios. El tercero de los agentes está acusado por la Fiscalía de un supuesto delito continuado de omisión del deber de impedir delitos, por lo que únicamente se le solicitan dos años de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que la exalcaldesa sólo se enfrenta a nueve meses de prohibición para ejercer cualquier labor pública por omitir el deber de impedir delitos.

El fiscal solicita asimismo que se sobresean provisionalmente las actuaciones contra el sexto imputado, A. J. C. R, al no haberse acreditado a lo largo de la instrucción que el mismo hubiera hecho desaparecer un atestado del que era instructor.

Yagüe fue juzgada por un asunto similar, aunque en aquella ocasión se le acusó de tratar de ocultar un incidente de tráfico de su sobrino, pero el caso fue devuelto a instrucción tras considerar el fiscal que podría haber más implicados. Recientemente han sido juzgados algunos mandos de la Policía Local marbellí por hechos idénticos.