El profesor de la Universidad de Málaga J. F. H. imputado en la operación «Cátedra» guardaba en su despacho, según consta en un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario de la trama de corrupción urbanística, una copia de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por un órgano de instrucción de la capital en Almogía para esclarecer diversas irregularidades del urbanismo local. Ello podría ser un indicio claro de lo que aseveró el secretario de Villanueva de la Concepción en su declaración ante el Instituto Armado en julio de 2010: reconoció la existencia de «un antes y un después» en el segundo municipio tras el proceso de Almogía. Además, admitió presuntas «irregularidades por parte del alcalde en materia urbanística».

«Cabe decir, asismismo, que entre la documentación que se encontraba en el despacho del profesor se hallaba una copia completa de las diligencias previas número 4.586/09 del Juzgado de Instrucción número doce de Málaga, instruido a fin de esclarecer toda una trama de corrupción urbanística maquinada desde el Consistorio de Almogía», afirma la Guardia Civil.

En relación a la declaración del secretario municipal, fechada el 9 de julio de 2010, en la que éste comparece como testigo, responde afirmativamente a la pregunta que le hace el agente: «¿Es cierto que ha existido un antes y un después a raíz de las detenciones y registros efectuados en el Consistorio de Almogía?». Acto seguido, el empleado público dijo: «Totalmente, negarlo sería una evidencia». «Sólo hay que comprobar la reapertura de los expedientes».

Todo ello, aseveró, fue debido a una orden del «alcalde actual», Ernesto Silva (Foro Andaluz), «que ordenó que se continuara con los expedientes y fue ello que él como secretario le informó que para poder continuar con los mismos había que declararlos previamente caducados». Antes, le habían cuestionado por el número de expedientes sancionadores incoados, a lo que el funcionario contestó que unos veinte; y en relación a cuántas carpetillas de restablecimiento de la legalidad urbanística se abrieron, el secretario indicó que treinta.

Hasta que se llegó a una de las cuestiones clave: cuántos acabaron con sanción. «Unos cuatro o cinco, y el resto han caducado»; la segunda cuestión incidía en cuáles de todos ellos se enviaron a Fiscalía: «Un solo expediente, por incumplimiento del decreto de paralización». Esta carpetilla curiosamente afecta al empresario denunciante del caso y al que la Policía Judicial y el Seprona, ambos grupos de la Guardia Civil, creen que se le pidieron supuestamente 50.000 euros por favores urbanísticos –no llegaron a pagarse, salvo una quinta parte–.

Cuando se le preguntó si había observado algún tipo de irregularidad por parte de Silva en materia urbanística, la Guardia Civil consigna en la declaración lo siguiente: «Sí, concretamente no se están incoando los expedientes sancionadores, y en los casos donde sí existe una resolución con imposición de sanción, no se ha procedido al cobro correspondiente, ya que el procedimiento sería remitirlo a la oficina de recaudación».

Luego detalla rumores sobre al menos otras cinco presuntas irregularidades cometidas en el seno del Consistorio, como la de dos funcionarios que harían de corredores en la compraventa de propiedades o el papel similar que juega un policía local en el municipio, otro de los grandes protagonistas de la operación «Cátedra».