Llega la temporada de verano y con ella uno de los fenómenos que más quebraderos de cabeza da al turismo malagueño: el alquiler de apartamentos no reglados para los meses de julio y agosto, una competencia desleal para las alrededor de 35.000 plazas en alojamientos de este tipo que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sí están dadas de alta en los registros de explotación turística. Aunque en la economía sumergida siempre es difícil dar datos, tanto los sindicatos como la patronal hotelera estiman que puede haber entre 15.000 y 20.000 plazas no regladas en apartamentos «pirata», situados, en el 90% de los casos, en plena Costa del Sol y que son alquilados sin contrato a ciudadanos extranjeros y nacionales en los meses álgidos del verano.

Y el fenómeno va a más, alentado por una crisis económica que lleva a algunos propietarios de segundas residencias a buscarse un sobresueldo para llegar a fin de mes. También se da el caso de extranjeros que residen de forma habitual en Málaga y que, precisamente en verano, se van de vacaciones a sus países de origen, alquilándole el piso fraudulentamente a algún compatriota.

Hacienda, con el ojo alerta

Ante la gravedad del problema, Hacienda ya ha puesto en marcha una campaña para detectar estos ingresos ocultos. Para ello, y desde marzo, las principales compañías eléctricas están facilitado datos sobre el consumo de las viviendas con los que la Agencia Tributaria quiere detectar esos inmuebles aparentemente desocupados en meses determinados y que, sin embargo, muestran sensibles consumos de energía. Los alquileres en negro, que no son ni mucho menos exclusivos del verano, son una de las prioridades del Plan Antifraude de Hacienda en este 2011.

Precisamente, el colectivo Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya avisó hace unos meses de que el 75,4% de los 65.000 alquileres de vivienda que se realizan al año en la provincia de Málaga –ya sean de cara el verano o para el resto de meses del año– no están declarados a Hacienda, lo que representó un agujero económico para las arcas del Estado en el año 2008 de 104,8 millones de euros.

También la Consejería de Turismo anunció hace meses una serie de inspecciones, aunque según explica el secretario andaluz de Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, la escasez de inspectores y la necesidad de coordinar estas actuaciones con los ayuntamientos ha provocado que no haya muchos resultados al respecto.

«La mayoría de operaciones se están haciendo a través de internet. Es un fenómeno que desprestigia a la Costa del Sol, porque luego ocurre que llega el cliente y descubre que le han dado gato por liebre, ya que el apartamento ni estaba en primera línea de playa ni tiene los servicios anunciados. Al final se va diciendo: En la Costa del Sol me engañaron», explica.

Un negocio paralelo en la web

Se ataca así de forma desleal al sector que la Ley de Turismo define como «apartamentos turísticos» (un conjunto de unidades de alojamiento que son objeto de comercialización en común por un mismo titular), y que cumplen escrupulosamente con requisitos tipificados en torno a dimensión, higiene o personal de mantenimiento, además de pagar sus impuestos de actividad. En Málaga, este segmento emplea a un pico de 3.5000 personas en Málaga en los meses de verano.

«Es una competencia absolutamente desleal, porque no pagan ni el personal ni los impuestos correspondientes a actividad turística», comenta el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Sol (Aehcos), Antonio Aranda. Aehcos, que tiene asociados a unos 14.000 apartamentos turísticos, constata que el problema presenta la misma o mayor gravedad de años anteriores, por la proliferación de páginas web de contactos al margen de la legalidad contractual. La Dirección General de Consumo de la Junta sí realiza inspecciones, pero se centra en que los negocios dados de alta cumplan la normativa, y no en destapar a los ilegales.

También el vicepresidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje de Andalucía (Aedav), Joaquín Fernández Gamboa, indica que este «trapicheo» juega contra la imagen de calidad de la Costa del Sol, ya que estos pisos no suelen cumplir los estándares exigidos a los apartamentos turísticos (dimensiones, higiene, personal de mantenimiento, etc). «Yo comprendo que alguien que tiene un apartamento se lo ceda a un familiar o amigo, pero lo que hay montado es un verdadero negocio paralelo en internet sin contratos de por medio», lamenta.

Incluso han aparecido figuras de intermediarios que se dedican a «captar» apartamentos de varios propietarios para atraer a grupos de extranjeros. Luego, por ese trabajo, se llevan una comisión de los dueños. Economía sumergida pura y dura.