El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ha demandado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) el «urgente» abono de los honorarios que las entidades locales deben a estos profesionales y que en el caso de la provincia malagueña puede ser una deuda de entre dos y tres millones de euros.

En un escrito enviado a la FAMP, el decano de esta entidad colegial, Antonio Vargas, incide en «la especial situación de crisis económica, que afecta profundamente a este colectivo profesional», por lo que insta a la federación a que impulse con los ayuntamientos y la Diputación «la urgente resolución y abono de los honorarios aún no satisfechos a los arquitectos que han redactado trabajos por encargo de estas administraciones». Según indicó a Europa Press Vargas, hay facturas que datan de hace dos años o, incluso, algunas se remontan a hace tres. Pero «lo peor de todo», como advirtió el decano de este colegio profesional, «es que no hay visos de que vayamos a cobrar, es esa incertidumbre.

«Siempre ha sido difícil cobrar de las administraciones, pero sabías que se produciría y tenías unas expectativas», dijo Vargas, que precisó que «ahora la situación es mucho más grave, con una falta de respuesta» por parte de estas instituciones públicas. Así, se ha pasado de cobrar, como media, a los seis meses a dos años o, incluso, a superar ese tiempo. El representante de los arquitectos malagueños no quiso destacar el caso concreto de ningún ayuntamiento, ya que «es una situación generalizada».

La entidad colegial estudia ofrecer asesoramiento a los profesionales para que puedan reclamar sus honorarios con los respectivos intereses conforme a la Ley de Morosidad. De todos modos, Vargas alertó de que «existe el miedo de una amenaza velada de que si se exige ese pago de forma insistente, el arquitecto puede caer es una especie de lista negra que haga que ya no le contraten más».

Vargas se reunió recientemente con el delegado de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, para acordar posibles soluciones al problema, ha apuntado que si no hay una respuesta satisfactoria, la única vía posible sería recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz.