Profesional de los servicios sociales desde su juventud, conoce las necesidades de la calle y de aquellos a los que la vida por su color, su acento o su nacimiento trata de manera distinta al resto. Accede ahora a la Concejalía de Derechos Sociales, aunque ya venía trabajando desde un segundo escalón en estas tareas durante el mandato anterior. Añora el trabajo en la calle, en contacto directo con los problemas, pero, como él mismo dice, ahora le ha tocado estar en los despachos.

Dicen de usted que por su talente y su trayectoria podría trabajar igual en un gobierno socialista.

¿No me diga, eso dicen? Bueno, lo cierto es que me honra, debe ser por mi trayectoria, he tenido buenas relaciones profesionales con otros grupos. Mi idea es que los temas sociales no deben ser motivo de confrontación, sino para sumar. Se trata de hacer un trabajo en común, ese es el objetivo.

Pero está también su trayectoria personal.

Bueno sí, pero si se toman los programas de unos y otros veremos que los fines son los mismos, aunque cambien los modelos. Los objetivos aquí, en el trabajo social, son transversales, atañen a sectores distintos, el bienestar social es algo transversal si queremos cumplir las exigencias ciudadanas. Aquí cumplimos pues tenemos unas excelentes relaciones entre los técnicos de las distintas administraciones.

¿El cambio de bienestar social a Derecho Social implica otra forma de ver las cosas?

Creo que sí y por eso me encanta el cambio, pues lo que está detrás de ello es que se reconoce todo esto como un derecho, que son conquistas y avances que se logran. Hay que tener en cuenta que, a mi entender, la línea que marca la dignidad del hombre está cada vez más baja en estos tiempos y hay que articular leyes que den más estructura a estos derechos. Hay que universalizar los servicios sociales, que haya detrás un entramado legal y garantista que reconozcan que son unos derechos exigibles por todos.

¿Para diferenciarlos de tender a verlos como caridad?

Exactamente. Hay que dejar de ver los servicios sociales como caridad; lo que se trata es de tener garantizados unos niveles mínimos de protección social, esa línea de dignidad de la que hablaba antes que es vivienda empleo y sanidad. A partir de ahí tenemos que conseguir que los derechos sociales avancen en tres retos, las tres D: gestión de la desigualdad, gestión de la diversidad cultural y respeto a la diferencia y, en última instancia, que eso en la calle se traduzca en hechos, es decir que no rebajen tus derechos laborales por estar embarazada o que una persona gitana tenga las mismas oportunidades para encontrar trabajo que otra.

¿Al final nos topamos con las exigencias económicas para llevar todo eso adelante?

Claro, hay que apostar firme y fuerte para tener un presupuesto social. Esto es lógico, pero esto ha sido fruto de una conquista porque hasta hace poco los temas sociales eran como una «maría» y el que ahora estén en primer plano de la agenda de los políticos es un logro y una conquista muy importante. Ahora necesitamos también que haya un sector más profesionalizado, menos vocacional, aunque hay que decir que ese trabajo vocacional nos ha salvado hasta ahora, aguantando una presión social que en otros sectores no han podido y tirando para adelante.

¿Cuáles serían los pasos a dar?

Ahora hace falta una legislación que estructure el sector, una financiación adecuada y profesionales preparados, aunque insisto en que la valoración social que tienen los ciudadanos del trabajador social es muy alta y positiva, frente a los de otros sectores que reciben críticas.

¿Cuándo será posible la renta básica?

Hay una Ley de Inclusión Social que postula la renta básica que es la que se recibiría cuando uno está por debajo de un nivel de ingresos mínimo y el Estado te cubre con ella. La ley es muy buena, se han consensuado distintos borradores de la renta básica, el último, que goza del acuerdo general, es de 2009, pero llegó la crisis y ahí se quedó, esperando. Es verdad que algunos ayuntamientos la han dado, pero de manera temporal y como una prestación, pero no como un derecho básico que es lo que tiene que ser y una ley debe reconocer.

Su responsabilidad abarca también la defensa de la igualdad y los derechos de la mujer.

Hay que decir que hemos sido pioneros en la prestación de estos servicios en el Ayuntamiento de Málaga donde llevamos más de ocho años trabajando de manera especializada y muy bien. Pero para seguir avanzando es necesario que la Ley de Igualdad cuente con más apoyo económico para su desarrollo real y práctico, para no perder incluso posiciones, pues se establecen unos derechos, pero no unos hechos. Por tanto, falta que se apliquen los recursos para cada sector y para el desarrollo de la ley en general. Lo urgente es, sin duda, la protección a la mujer maltratada. Hay otros derechos y hay que continuar ahondando en ellos, pero lo urgente y prioritario es la atención a las mujeres maltratadas. Por ello ante la escasez de recursos nosotros tenemos que priorizar y especializarnos y ahí es donde incidiremos.