La Comisión de Pleno de Accesibilidad, Movilidad, Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga dará cuenta este miércoles, para su ratificación, de un decreto del alcalde, Francisco de la Torre, en el que se defiende la clasificación como suelo urbano en dominio público marítimo-terrestre de las barriadas de El Palo, Pedregalejo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña, como vía para su legalización.

En este decreto se ha dispuesto que los servicios jurídicos municipales desarrollen las acciones judiciales oportunas para recurrir la resolución de abril de 2011 de la Junta de Andalucía mediante la cual la Administración regional desestimó las pretensiones planteadas por el Consistorio respecto a esta zona de Málaga.

Esta acción no afecta, no obstante, al proceso para la entrada en vigor de la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que se refiere a un sector que la Junta había incluido en el apartado de denegados en la orden de enero de 2011 por la que aprobó definitivamente, de manera parcial, dicho planeamiento.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han subrayado en un comunicado que estas acciones se llevan a cabo en defensa de la autonomía municipal, así como que el recurso remite también al informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de 4 de noviembre de 2009 para reiterar los argumentos jurídicos contenidos en el mismo.

Las conclusiones de este informe decían que el dominio público marítimo-terrestre sobre el que se asientan las edificaciones residenciales de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña debe ser clasificado en el documento de revisión del PGOU como suelo urbano consolidado, "siendo compatible el dominio público marítimo-terrestre con la clasificación de urbano".

Como se explica, "la urbanización de un terreno no constituye un hecho excluyente de la definición legal de dominio público marítimo-terrestre contenida en los artículos 3.1.b) de la Ley de Costas y 3.1.b) de su Reglamento".

Además, añade, "cuando deban ser protegidas las características naturales del dominio público marítimo-terrestre, de una manera integral y efectiva, el PGOU deberá adscribirlo al suelo no urbanizable, haciendo inviable e incompatible la transformación urbanística de los terrenos", supuesto que, como se precisa, "no es de aplicación al dominio público marítimo-terrestre sobre el que se asientan las edificaciones residenciales en estas barriadas".

Aparte de este informe, esta medida se enmarca en las acciones que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga para dar una solución a estas barriadas tradicionales, objetivo general de todas las administraciones.

De hecho, en noviembre de 2009 una moción presentada por el equipo de gobierno y que contó con el apoyo del PSOE acordó impulsar las actuaciones necesarias para que se llevara a cabo la actualización del deslinde del dominio público marítimo-terrestre del suelo sobre el que se levantan estas casas, de manera que se desafecten los terrenos y los actuales moradores de las mismas puedan tener las escrituras.