La Fiscalía de Málaga ha solicitado tres años de prisión para los responsables de la empresa Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, Jesús Ruiz Casado y su mujer, a los que acusa de quedarse con el dinero de una pareja británica que adquirió sobre plano una vivienda en la localidad malagueña de Benalmádena, que no se ha construido.

Según se explica en las conclusiones provisionales del fiscal, en febrero de 2005, la mercantil, siendo administradores solidarios los acusados, concertó con la pareja la venta sobre plano de una vivienda que se proyectaba construir en un edificio perteneciente al conjunto promocional 'Hacienda Marina', de dicha localidad ubicada en la Costa del Sol.

El ministerio público señala en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que en el contrato "no se señaló fecha concreta de entrega" y añade que "no se faltó por parte de Aifos a la verdad en cuanto a las características de la vivienda, desarrollo de la promoción o circunstancias concretas de la tramitación de la licencia de obras".

No obstante, se apunta que se establecía que "la entrega se verificaría, aproximadamente, en el plazo de 20 meses desde la firma por el arquitecto del acta de replanteo", un plazo "etéreo", dice el fiscal, que se contemplaba "siquiera tácitamente" con el hecho de "establecer entregas a cuenta hasta septiembre de 2006 y aplazar el resto".

La acusación pública sostiene que en julio de 2008, como los compradores advirtieron que "no existía movimiento urbanístico tendente a la construcción del edificio en cuestión" y apreciaron, tras consultar en el servicio correspondiente del Ayuntamiento, que Aifos carecía de licencia para construir", solicitaron que se considerara resuelto el contrato.

Asimismo, los compradores pidieron que por parte de la entidad se les restituyeran las cantidades entregadas hasta ese momento, "que, en cumplimiento fiel de sus obligaciones contractuales, ascendía a la cantidad de 72.751 euros". "Lejos de atender las legítimas peticiones, los acusados propusieron otras salidas", añade el escrito de acusación provisional.

Estas propuestas "en ningún caso contemplaron la devolución de un dinero que, de haber reservado para las atenciones específicas de la construcción de los edificios afectados, podrían haber restituido a los compradores desatendidos", indica la Fiscalía, quien incide en que aún no se ha devuelto la cantidad empleada para la compra de la vivienda, "que, desde luego, no se ha construido".

Por esto, el fiscal considera que se trata de un delito de apropiación indebida del que acusa tanto a Ruiz Casado como a su esposa, solicitando para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión, una multa de 7.200 euros y que indemnicen a los compradores con la cantidad entregada, considerando que debe responder de forma subsidiaria la mercantil.