La Fiscalía de Málaga estima que no se debe dar "absoluta credibilidad" a los informes médicos presentados por los controladores del aeropuerto malagueño que no acudieron a sus puestos de trabajo durante el conflicto aéreo en diciembre del pasado año, por lo que ha presentado un recurso contra el archivo de la causa, solicitando que el Instituto de Medicina Legal (IML) emita informes individualizados.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga decretó el sobreseimiento provisional de la causa iniciada a instancia de la Fiscalía, al entender que no está suficientemente acreditado que este abandono del servicio fuera "intencionado con la finalidad de alterar el tráfico aéreo, premeditado, coordinado y con conocimiento de causa entre todos ellos".
En el auto de archivo, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que los controladores declararon en el juzgado que todos "realizaron algún abandono por problemas médicos de diversa naturaleza, siendo sustituidos, negando rotundamente que lo hicieran con intención" y añadiendo que "no fue una excusa falsa o inventada". Así, aportaron como justificación informes médicos.
Asimismo, se tomó declaración a uno de los facultativos que realizó distintos informes, quien aseguró que todos los motivos alegados por los controladores que atendió "le parecen razonables y posibles" y que todo "le parecía verosímil", indica la resolución del juez, que entendió que no existían indicios suficientes para seguir la investigación.
En cambio, la Fiscalía sostiene que "no se han practicado todas las diligencias necesarias e imprescindibles para agotar la investigación y las eventuales responsabilidades penales" y que no se puede dar credibilidad a dichos informes de asistencia "sin contar con una pericia contrastada que permita confirmar o no dicho parecer médico".
Todo ello, porque "no parece casual que tanto integrantes del servicio de controladores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) se indispusieran al mismo tiempo, ello sin contar con el hecho notorio de que coincidió en el tiempo con la indisposición de sus compañeros en toda España", señala el ministerio público en el recurso presentado, al que tuvo acceso Europa Press.
Por tanto, y con el objetivo de "depurar las eventuales responsabilidades, incluidas las de los médicos emisores de los citados partes de asistencia", el fiscal insta a que el Instituto de Medicina Legal (IML) emita un informe respecto de los informes presentados por los imputados, "con dictamen sobre la consulta, antecedentes, exploración, diagnóstico, tratamiento y fecha de alta".
Así, pide que por la entidad competente se facilite la fecha del alta o siguiente incorporación a su puesto de trabajo de cada uno de los controladores que fueron imputados, con el fin de completar el informe pericial reclamado. Se añade que estas diligencias de investigación son "precisas".
