El impacto sobre la Vega sería como 30 canteras

Un estudio de la UMA descalifica el proyecto del anillo ferroviario

Lo tilda de «nulo de pleno derecho» por vulnerar normas como el Convenio Europeo del Paisaje o el POTA

 05:00  
Ángel Sánchez Blanco, Carlos Blázquez y Pedro Mayoral, ayer en la sede de Asaja.
Ángel Sánchez Blanco, Carlos Blázquez y Pedro Mayoral, ayer en la sede de Asaja.  Juan I. Mozos

José Vicente Rodríguez Los agricultores malagueños están dispuestos a llegar a los tribunales para evitar la construcción del anillo ferroviario de Antequera, un proyecto que, según un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga (UMA), Ángel Sánchez Blanco, vulnera o ignora hasta siete textos normativos básicos, entre ellos el Convenio Europeo del Paisaje o el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Junta de Andalucía, incluido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El informe ha sido encargado por Asaja a esta cátedra de la UMA.

La construcción del anillo, impulsado por el Ministerio de Fomento a través del gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, supondría además la extracción de entre 12 y 14 millones de metros cuadrados de materiales, con un impacto ambiental en la zona equivalente al que generarían 30 canteras de extracción de áridos. También afectaría a especies protegidas como la colonia de murciélagos que habita la Sierra de la Camorra, en Humilladero.

El catedrático Sánchez Blanco, acompañado del presidente de la asociación agraria Asaja Málaga, Carlos Blázquez, y del técnico de minas, Pedro Mayoral, afirmó que el proyecto no justifica ni el interés económico que lo avala ni las garantías jurídicas, y estimó que se encuentra «en severo conflicto con el ordenamiento jurídico español», en concreto, con el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Junta, que prohíbe extracción de áridos y arenas, actividades mineras e instalaciones e infraestructuras anexas en la Vega.

El Convenio Europeo del Paisaje, la Ley del Suelo, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, además de los PGOU de municipios como el de Antequera o el de Humilladero y Mollina –que quedarán «encerradas» por el anillo– son el resto de normativas en conflicto con el proyecto, a juicio del catedrático.

Por ello, concluyó que la viabilidad jurídica del proyecto requeriría derogar todos esos textos legales, lo que lo convierte en «nulo de pleno derecho» e «incompatible» con la legislación.

El catedrático remarcó también que el anillo no es una línea de ferrocarril que cumpla un servicio público de transporte de viajeros o mercancías sino «un circuito cerrado que será utilizado por empresas privadas para que experimenten con la velocidad».

¿A Valladolid o Zaragoza?

Tanto Sánchez Blanco como Blázquez apostaron por buscar un lugar alternativo para construir el anillo sin perjudicar las producciones agrícolas y agroindustriales ni destruir la riqueza ambiental y paisajística de la Vega de Antequera, que calificaron como «la más fértil de España». Como alternativas, citaron dos zonas áridas como Medina del Campo (Valladolid) y Monegros (Zaragoza).

De lo contrario, advirtieron de que España corre el riesgo de «hacer el ridículo» ante la Unión Europea cuando remita el proyecto a Bruselas para optar a fondos comunitarios. Blázquez definió el anillo como un «scalextric» sobre 57 kilómetros que dañará irremediablemente a 300 hectáreas de modo directo y a otras 900 de modo indirecto. Las casas de algunas pedanías como Los Carvajales, en Antequera, quedan a unos 150 metros del trazado, por lo que se augura «un ruido insufrible» para esos vecinos, ya que los trenes de prueba pasarán 87 veces al día.

Asaja recuerda que el daño a los agricultores de la zona puede suponer la pérdida de 50.000 jornales anuales, una cifra que no estará compensada con, según Fomento, los 7.500 empleos que el anillo necesitaría para su construcción y los 200 que después mantendrán las vías.

La organización agraria ha remitido ya el informe al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo, y espera que Fomento rectifique su propuesta. En caso contrario, Blázquez aseguró que iniciarán el proceso contencioso-administrativo para detener el proyecto.

Asaja y la plataforma «No al anillo ferroviario» ya presentaron el pasado lunes 2.000 alegaciones contra el proyecto del anillo en la Subdelegación del Gobierno de Málaga.

El alcalde de Antequera pide a Adif otra ubicación para el anillo

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, se reunió ayer en Málaga con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio González, para solicitarle un cambio de ubicación para el futuro anillo de ensayo y experimentación que el ente público tiene previsto instalar en la vega de la comarca de Antequera. «Nosotros apoyamos la instalación del anillo y el proyecto en sí, pero no la ubicación», enfatizó Barón.

Asimismo, el regidor trató otras consideraciones que «en estos momentos» preocupan al Consistorio antequerano, entre ellas la posibilidad de soterrar la línea AVE hacia Granada a su paso por el casco urbano, «bajo la argumentación de evitar la barrera física» que el trazado creará en el municipio. El presidente del ente público aclaró que la instalación está siguiendo todos los trámites legales.                  Lola Sánchez.


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