La nueva regulación del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia entró en vigor ayer con pocos problemas, ya que hay mucho personal de vacaciones, aunque con polémica porque, según denunciaron los sindicatos STAJ y SPJ-USO, los togados, a los que se les han asignado 67 de las 165 plazas, ocuparon únicamente menos del 50% de las plazas a lo largo de toda la mañana.
A la hora punta, las 12.00, sólo había unos 80 coches en el aparcamiento, una cifra en la que hay que incluir a jueces, secretarios (se les cedieron 15 plazas), fiscales (20), la Gerencia (10) y cinco para el Instituto de Medicina Legal (IML). A las vacaciones hay que sumar la ausencia de los funcionarios, a los que se les cedieron 44 zonas para aparcar con sus correspondientes tarjetas, aunque éstos las devolvieron en varias ocasiones a la gerente, María Jesús Vera, al entender que la Junta de Personal no tiene atribuciones para repartir las cartulinas entre los 1.000 empleados públicos, lo que ha de hacer la Delegación de Gobernación y Justicia.
«A las 8.30 horas de la mañana, no hay ningún vehículo de funcionarios, y, tras recorrer el recinto, verificamos que hay cuatro coches ocupando, en ese instante, otras tantas plazas de las 67 destinadas a este gremio», dice Juan Antonio Luque, de STAJ. Adriano Moreno, responsable de SPJ-USO, afirma que a las 9.45 había 35 coches en todo el parking, y 80 a media mañana (menos del 50%). A las 10, añade STAJ, había sólo 25 automóviles ocupando las 67 plazas de los togados (hay 109 jueces y magistrados en el edificio).
«Hacemos constar que la Junta de Andalucía premia a los compañeros que vienen a trabajar a temprana hora, premia su productividad y esfuerzo, dejándolos sin acceso a un aparcamiento que queda vacío a expensas de que sus señorías tengan a bien llegar a su centro de trabajo», indica Luque.
Moreno, por su parte, denuncia: «La gerente dice que tampoco va a poder estacionar dentro el personal de los juzgados de guardia; sin tarjeta no puede entrar nadie. Es decir, que en un edificio público, donde debería primar el uso racional, igualitario y compartido de los espacios, los 25 trabajadores de guardia van a aparcar en la calle pese a que el parking estará vacío».
Según STAJ, tres vigilantes de seguridad informaron ayer a los funcionarios de que no podían aparcar en el interior del edificio judicial. Los jueces se repartieron las 67 tarjetas (para 109) el martes, aunque su idea es que éstas se dejen en un cajetín o alguien las reparta para aparcar según lleguen.
Una batalla por el control de los edificios judiciales de Andalucía
Más allá de que la Junta cediera 67 plazas de las 165 del aparcamiento a los jueces después de haber mantenido primero la necesidad de que los distintos colectivos pudieran aparcar por orden de llegada, lo que subyace en este enfrentamiento es una batalla por las competencias sobre los edificios judiciales de Andalucía. En otras zonas, como Valencia, se le dio la razón al juez decano, mientras que en la región andaluza la autonomía defendió desde siempre que la consejería del ramo era la encargada de velar y disponer de las sedes.
¿Quién tiene razón? Para apagar el fuego, en la comisión mixta Junta-TSJA el Ejecutivo andaluz cedió una porción importante de aparcamientos, pero la Asociación Profesional de la Magistratura, de signo conservador, mantiene un recurso en el Supremo –Sala de lo Contencioso-Administrativo– con el objetivo de quedarse con la totalidad de las plazas por seguridad. Esto sólo acaba de empezar.
