Una empresa de telemarketing denominada Marketing Finance&Professional Contact Center SL (MFK), con centros de trabajo en Granada, Jaén y Málaga, está siendo investigada por la Fiscalía Superior de Andalucía por un posible fraude de un millón de euros en ayudas recibidas para contratar a discapacitados cuyos sueldos no fueron finamente abonados. Se estima que unas 200 personas discapacitadas, entre ellas unas 50 de Málaga, pueden estar afectadas por el fraude de esta empresa, que en la capital malagueña tenía su sede (hoy ya cerrada) en la avenida de las Américas, según explicó a este periódico Amador Torres, asesor jurídico de CCOO en Granada.

La práctica de esta empresa consistía en contratar a estas personas de forma indefinida y a tiempo completo, requisitos necesarios para recibir las máximas subvenciones de la Consejería de Empleo. Luego se les despedía antes de que acabaran incluso el periodo de pruebas y sin que cobraran, y se contrataba a nuevas personas que a su vez también eran despedidas. Torres afirma que los gestores de esta empresas recurrían incluso a organizaciones asistenciales de discapacitados para encontrar a los candidatos.

CCOO cree que el presunto fraude, que investiga la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de una denuncia del sindicato, es sólo «la punta del iceberg» y que podría haber más perjudicados, incluso en otras provincias como Sevilla.

La firma tiene sede social en Jaén, donde cuenta con un centro que se une a los dos más que ya han cesado su actividad en Granada y en Málaga. Según Torres, todo se inició por incumplimientos de los derechos de los trabajadores. La empresa hacía «un uso abusivo del periodo de pruebas», como han acreditado cinco sentencias, despedía a los trabajadores y no les pagaba los salarios, que estaban subvencionados en un 75% con las ayudas de la Junta, dinero que, entiende CCOO, se quedaba la empresa, administrada por dos personas, una de las cuales fue condenada por acoso sexual a una trabajadora del centro de Jaén. La empresa fue denunciada ante la Inspección de Trabajo por el sindicato, que con posterioridad trasladó los hechos a la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha abierto una investigación.

Se da la circunstancia de que el empresario, «en una huida hacia adelante», denunció a su vez a la administración por impago de las ayudas, motivo que alegó para no pagar a los empleados.

Torres aclaró que, en el caso del centro de Granada, la Junta dejó de abonarle las ayudas tras ser informada por el sindicato de las presuntas irregularidades.

Eran amenazados con no cobrar si no vendían

El sindicato entiende que la empresa, además del supuesto fraude, habría cometido delitos contra el derecho de los trabajadores y otros relacionados con una apropiación indebida a la Seguridad Social, dado que tampoco pagaba las bajas laborales de sus trabajadores, como ha puesto de manifiesto uno de ellos.

Este exempleado relató junto a otra compañera las circunstancias y el «acoso laboral» en el que desempeñaban su tarea: sin teléfonos en la primera etapa, pese a tratarse de una empresa de telemarketing, sin sillas suficientes en el centro laboral y con amenazas de no cobrar si no vendían lo suficiente.

Los trabajadores manifestaron que habían sido sometidos a condiciones laborales «vejatorias y contrarias a la legislación laboral y a las normas de prevención de riesgos laborales y que se habían sentido maltratados, humillados, acosados y estafados», por las prácticas de la empresa, que les hacía firmar un contrato indefinido y nada más firmar se les obligaba a tomar vacaciones o les obligaba a firmar nóminas que luego no cobraban.