El refranero es sabio y asegura aquello de las barbas del vecino. Andalucía vive una extraña situación de calma educativa, que parece impropia de una comunidad a la que tachan de indolente pero que siempre se ha mostrado combativa en todos los aspectos. En Andalucía no hay huelga de profesores como en Madrid, aunque desde Madrid apliquen la técnica del ventilador para justificar los recortes en educación del gobierno de Esperanza Aguirre.

En Andalucía no hay recortes, al menos estructurales que afecten a las plantillas docentes o a su horario lectivo, cuya norma reguladora no sufre variaciones desde 1987. Hasta los sindicatos lo confirman en un más difícil todavía. La educación es una prioridad para el gobierno de José Antonio Griñán, que en los presupuestos de la Junta aumentaba la partida en un 1,3% con respecto al año anterior. «Es la mejor inversión de cara al futuro», sostiene. El último informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2011, le da la razón, ya que indica que por cada euro que se invierte en educación se obtienen 3,9 euros de beneficio.

En la provincia de Málaga, según los datos facilitados por la propia Delegación del Gobierno, la Junta ha destinado este año a educación 919,45 millones de euros de los más de 3.300 que invierte en políticas sociales. A este importe habría que sumar los 29 millones de euros que se ha gastado en construir nuevas infraestructuras escolares o en arreglar y mejorar otras ya existentes. En total 949 millones de euros que sirven para edificar colegios, para subvencionar el transporte escolar, para conciliar la vida familiar y profesional con las aulas matinales, comedores y las actividades extraescolares, para conceder becas de estudio, para entregar libros de texto gratuitos a todos los alumnos desde primero de Primaria a cuarto de la ESO o para mantener el plan Escuela TIC 2.0, con la entrega de ordenadores portátiles a alumnos y profesores y la instalación de aulas digitales.

Bronca

Pero la educación se ha convertido en el ring electoral del prefacio del 20-N, en uno y otro sentido. En plena bronca por los recortes, con los profesores de media España en pie de guerra, el jueves, la Consejería de Educación, como golpe de efecto, anunció la tramitación de un nuevo decreto que regula la formación inicial y permanente del profesorado, que sirve para garantizar su futuro. Para ello reclutará a maestros recién jubilados para enseñar a sus compañeros.

Si había alguna cuestión que estaba salpicando la política educativa de la Junta, con incesantes manifestaciones de interinos que habían perdido su puesto de trabajo a raíz de la entrada en vigor del conocido decreto 302, que prioriza la nota de las oposiciones a la experiencia profesional y los años de servicio para ordenar la bolsa de trabajo, el consejero Álvarez de la Chica se mostró a favor de dialogar con los sindicatos sobre las posibles discrepancias que puedan tener con respecto a la norma que regula la función pública docente. Es más, el Gobierno andaluz ha contratado a 9.000 interinos en las dos primeras semanas del curso escolar, otra medida que contrasta con la efervescencia académica que se vive en la comunidad de Madrid. O en Galicia.

Lo que sí está haciendo la Junta, como en su día reconocía el delegado provincial de Educación en Málaga, es llevar a cabo una «adecuación racional de los recursos a las necesidades» en la planificación de construcciones escolares futuras, lo que obliga a ser muy selectivos a la hora de afrontar la construcción de un colegio y sólo hacerlo allí donde es realmente imprescindible y urgente, lo que en este caso provoca manifestaciones de los padres.

También ha rebajado el contrato para el almacenamiento, distribución y montaje del mobiliario escolar, adjudicando el concurso a una empresa distinta a la que venía haciendo esta labor durante los últimos 26 años, y que ofrecía una rebaja del 31%. Este ahorro ha provocado más de un problema en el inicio del curso, ya que en muchos centros de la provincia de Málaga y, en realidad, de toda Andalucía, los pupitres no llegaron a tiempo y los niños no pudieron empezar las clases hasta tres y cuatro días después de lo previsto.

Concentración

A pesar de todo, el martes los sindicatos representativos de la enseñanza pública en Andalucía se concentraron en todas las capitales de provincia en solidaridad con sus compañeros de otras comunidades autónomas. En Málaga lo hicieron en la plaza de la Constitución. Un aviso a navegantes, porque en breve la Junta presentará los presupuestos de 2012 antes de la pertinente negociación parlamentaria y su aprobación. «Pon las tuyas a remojar», termina el proverbio de las barbas.

Los sindicatos, sin embargo, sólo parecían estar de acuerdo con el lema de la manifestación en defensa de la enseñanza pública y por la dignidad docente, ahora que se pone en tela de juicio su profesionalidad al incrementar en dos horas a la semana el horario lectivo, cuando en realidad el horario laboral es superior.

Mientras que CCOO y UGT perjuran que en Andalucía no se están produciendo la política de recortes que en otras comunidades CSIF asegura que existen. José Fernández, secretario general de Educación de CCOO en Málaga, admite que el número de profesores no es el necesario para atender la ratio y echa en falta la contratación de entre 400 y 500 docentes más en la provincia, «pero no ha habido reducción de la plantilla». Teresa Blanca, homóloga en UGT, señala además que «Andalucía está manteniendo el estado de la situación».

Por el contrario, Ramoni Ruiz, de CSIF, asegura que los profesores no han aumentado en la misma proporción al incremento del número de alumnos experimentado en la provincia, o al de centros nuevos que han entrado en servicio este año. «Se están reduciendo grupos y en Secundaria y Bachillerato hay aulas con 43 alumnos, lo que supera ampliamente ese 10% que se permite la ley», sostiene.

Aunque, a decir verdad, tanto la Consejería de Educación como estos sindicatos mayoritarios afirman que en Andalucía este curso se han vuelto a utilizar las 18 horas lectivas semanales para calcular el número de profesores por cada centro.

Así que, mientras que no haya recortes, lo más provechoso sería rebajar, eso sí, la aún elevada tasa de abandono prematuro de los estudios, que en Málaga es del 34%, es decir, que uno de cada tres alumnos deja el sistema sin lograr el título de graduado en ESO.