Uno de los proyectos vinculados a la investigación de la operación Acinipo es el desarrollo de Los Merinos, un macrocomplejo urbanístico que ha estado envuelto en la polémica desde que comenzó a gestarse. Uno de los últimos organismos en pronunciarse sobre los riesgos que conllevaba esta iniciativa, tanto ambientales, como legales o administrativos, fue el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, que dedicó su boletín informativo de diciembre de 2010 al macropoyecto de Los Merinos Norte.
En el informe se concluía que «el señuelo del desarrollo económico a ultranza, que aparentemente legitima cualquier desarrollo político, ha permitido que intereses privados se coloquen aparentemente por delante de los intereses generales, y que diversas administraciones se afanen por allanar los obstáculos con los que pueden tropezar iniciativas como la que ha sido objeto de nuestro estudio». El estudio, asimismo, ponía el acento sobre «la enorme flexibilidad que puede llegar a adquirir el procedimiento administrativo, hasta el punto de que cuesta identificar uno de sus valores fundamentales, cual es el de la seguridad jurídica», resaltando incluso que al no seguirse los instrumentos de planeamiento en la forma correcta se dan «actuaciones administrativas contradictorias (...) que parece tolerar el irregular cumplimiento de trámites esenciales».
Los autores del informe, José Luis Díez Ripollés, Alejandra Gómez-Céspedes y Araceli Aguilar Conde, señalaban sobre el proyecto urbanístico que «los controles de legalidad previstos tienen un funcionamiento que deja mucho que desear» e incidían en que la separación entre las actividades públicas y las privadas era «insatisfactoria». «Resulta fácil observar cómo determinadas personas se mueven simultánea o sucesivamente en el entorno de la función pública y de actividades empresariales privadas».
Sociedades
El estudio, publicado por la editorial valenciana Tirant lo Blanch en su versión extendida, también abordó el complejo entramado societario sobre el que se sostenía el proyecto urbanístico, resaltando «la abundancia de sociedades implicadas y los intensos abigarrados entrecruzamientos societarios que se producen», resaltando que en las tres fases del proyecto aparecen hasta 50 sociedades y que «la densa red de sociedades dificulta objetivamente la identificación de los auténticos intereses».
En ese sentido, habla de la «función relevante que desempeñan con frecuencia ciertos despachos de abogados, o la generación de conflictos jurídicos poco claros». Acentúan los autores, del mismo modo, la circunstancia de que los «económicamente poderosos» están en posición de superar los obstáculos que impone «los sistemas de control de una sociedad democrática».
Los Merinos contemplaba la construcción de casi 800 viviendas, hoteles, establecimientos hosteleros y dos campos de golf y desde el principio contó con el rechazo de asociaciones vecinales y ecologistas. Precisamente el informe señalaba que las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales se vieron obligados a «velar por la legalidad» ante la actitud de las administraciones públicas.
