El 31 de diciembre de 2009 nacieron los juzgados de lo Penal números 12 y 13 de Málaga, órganos que fueron especializados, a petición de los propios magistrados, en Violencia sobre la Mujer. Fue una medida pionera, porque jamás, hasta entonces, se habían especializado unidades unipersonales de enjuiciamiento en esta materia, lo que sí había ocurrido, por ejemplo, en los juzgados de Instrucción (hay tres de Violencia de Género en la capital más otros tantos en cada uno de los partidos judiciales de la provincia). Hoy, esas oficinas están «colapsadas, desbordadas» por la avalancha de juicios que han de realizarse en este ámbito, según adelantó ayer el juez decano, José María Páez, a la La Opinión de Málaga.
En su día, la Junta de Jueces de lo Penal de Málaga acordó la especialización de esos dos nuevos juzgados de lo Penal, que se encargan de enjuiciar, desde diciembre de 2010, todos los delitos relacionados con el maltrato a la mujer cuyas penas a imponer sean inferiores a los seis años; las causas que pasan ese periodo de privación de libertad van, como ocurre desde hace años, a la Audiencia Provincial.
La propuesta de los togados malagueños fue acogida con satisfacción por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estimó un módulo –carga de trabajo– de 700 juicios por año y órgano, es decir, un total de 1.400 para dos sedes judiciales. Sin embargo, ambas oficinas están hoy desbordadas, relata el decano, que no ahorra calificativos: «Están saturadas, colapsadas». ¿Por qué? Porque cada una de ellas, siempre según los datos del Juzgado Decano, está efectuando hasta 1.200 juicios por año, casi el doble de lo previsto por el órgano de gobierno de los jueces. Por tanto, las dos unidades celebran 2.400 vistas por ejercicio.
«Se han desbordado todas las previsiones en sus primeros años de funcionamiento. Cuando se fijó el número de 700 juicios al año, se hizo asumiendo la previsión del resto de juzgados de lo Penal de Málaga. Por eso se crearon dos, para que cada uno asumiera 700 plenarios, pero están realizando más de 1.200 juicios –por juzgado–», reflexiona el decano.
Éste fue, en su día, otro caballo de batalla de la fiscal coordinadora de Violencia de Género de Málaga, Flor de Torres; ella fue quien sembró el caldo de cultivo entre los juristas que acabó con la germinación de ambos juzgados.
Las causas rápidas sí se celebran
Hay un retraso considerable en el señalamiento de juicios, «aunque las causas rápidas, es decir, aquellas que se cierran en el propio juzgado de instrucción con juicio señalado, sí se están celebrando bien», matiza José María Páez.
La situación es de tal gravedad que las magistradas que están al frente de las oficinas han remitido al juez decano sendos informes en los que analizan la realidad de sus oficinas. José María Páez ya ha trasladado esas inquietudes tanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. «Se les han remitido los informes y se les va a dar curso», añadió.
El objetivo es que Málaga cuente el año que viene con un tercer juzgado de lo Penal especializado en Violencia sobre la Mujer. «Tenemos que evitar que se acumule el retraso, pese a que son de reciente creación», señala, para añadir después: «Es una situación insostenible».
Y eso que la capital cuenta ya con 14 juzgados de lo Penal, aunque los dos de Violencia sobre la Mujer han de hacer frente, como el resto, al grave problema de las sentencias sin ejecutar: cada una de esas oficinas tiene pendientes casi 1.300 ejecutorias.
Los sindicatos judiciales ya han pedido en innumerables foros que se creen más órganos penales o que aumente la plantilla adscrita a los mismos: mientras una unidad de instrucción tiene diez funcionarios, un penal sólo cuenta con ocho y eso, en un contexto como el actual, es como echarle gasolina al fuego.
«La explicación de por qué ocurre esto es clara: estos juzgados asumen las causas instruidas por todos los órganos de la provincia especializados en Violencia de Género, y eso de por sí da mucho trabajo», apunta el decano.
El objetivo es que en junio o el último día de diciembre de 2012 se cree un tercer Juzgado de Violencia sobre la Mujer, algo complicado por la crisis económica y porque la Administración de Justicia está inmersa en un cambio de modelo que debe llevar, precisamente, a la eliminación de los órganos unipersonales y al nacimiento simultáneo de departamentos transversales de lo civil, de lo Penal, de lo Mercantil o de notificación, por ejemplo, en los que los jueces tendrán sus oficinas pero compartirán la plantilla. Es lo que se conoce como reforma de la oficina judicial, una medida ahora empantanada con el viento en contra que ha recibido también numerosos ataques.
La media de sentencias por juez, año y órgano de lo Penal en España es de más de 400, y en Málaga cada togado pone en torno a 500, lo que da una idea de la dificultad de la plaza.
