Los trabajadores de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Málaga FAMF-Cocemfe y del grupo corporativo de ésta (centro especial de empleo) están que trinan. Aseguran que están sufriendo notables retrasos en los pagos de las nóminas con los consiguientes problemas y perjuicios que les supone para el mantenimiento de sus economías familiares. Aseveran que rondan el centenar, califican la situación de insostenible y reclaman una solución.

El representante de la Asociación de Discapacitados Físicos Amadifi, Pascual Bueno, en nombre de los trabajadores y acompañado por Antonio José Aguilar, y por Rafael Fe, denuncian estos hechos. Según relatan, en junio-julio comenzaron los problemas y si bien estos meses se han abonado ahora restan agosto y septiembre por pagar, aseguran.

El propio presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Málaga FAMF-Cocemfe, Joaquín Fernández, explica que se ha tratado de un problema en el pago de subvenciones para este concepto por parte de la Junta que está en vías de solución. «La administración está por la labor y esperamos solucionar el problema lo antes posible. Sabemos por la situación que están pasando los trabajadores y esperamos que a principios del mes que viene el problema quede definitivamente resuelto», señala.

Fuentes de la administración regional confirmaron que efectivamente el conflicto está en vías de solución.

Otros problemas

Además de este problema generalizado que está causando importantes quiebras en las economías de estas familias, a Antonio José Aguilar, de 48 años, se le ha unido un conflicto laboral particular. Tiene 48 años, una minusvalía del 52% y familia numerosa que mantener (tres hijos). Este trabajador denuncia ciertos incumplimientos de sus condiciones laborales y ha emprendido una lucha para intentar hacer valer sus derechos.

Desde 2007 ha trabajado como vigilante de parking cerrado. Un accidente de tráfico en marzo de 2010 le llevó a estar 18 meses de baja por diversas lesiones. «Me dieron de alta por agotamiento del plazo», comenta. Con su incorporación le cambiaron las condiciones laborales, dice. «Mi trabajo era de vigilante, pasaba mucho tiempo sentado y, por mis lesiones, sí podía desempeñarlo, pero al incorporarme me mandaron a la calle, de aparcacoches cuando mi contrato es de vigilante. Tuve un nuevo accidente, fracturándome un hombro», señala.

Antonio José, según explica y siempre según su versión, entra entonces en una amalgama de papeleo que le lleva a denunciar su situación ante la inspección de trabajo e incluso el Defensor del Pueblo. Busca que le reconozcan sus derechos y sus condiciones laborales. «He caído en un trastorno mental, estoy de baja y encima no cobro porque no me pagan. La directora del banco me ha dicho que qué pasa con la nómina del banco porque la tengo vinculada a la hipoteca y el segundo recibo me lo acaban de devolver», relata.

Crítican la política de contratación

Matthias Jaletzky, de 47 años, y Lorenzo Palomo, de 38, estuvieron trabajando también para la Federación provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Málaga. En este caso ambos trabajadores han denunciado su situación. De hecho, existe una reclamación conjunta de diez empleados que han perdido su puesto de trabajo, según relatan.

Matthias, por su parte, denuncia que tras dos años de trabajo como vigilante de coches «en lugar de renovarle el contrato» prescindieron de sus servicios. Matthias califica de injusto este despido y asegura que no se han cumplido las condiciones de trabajo por las que estaba contratado, según siempre la versión del trabajador. Lo mismo le ocurrió a Lorenzo Palomo, que tras dos años de trabajo tampoco le renovaron. «Yo he denunciado por despido improcedente. Es que casualmente hubo un grupo al que despidieron a la vez. Alegaron que habían perdido zona de trabajo y, sin embargo, contrataron a otras personas», dice. Ambos comentan que ya es duro de por sí ser discapacitado para no tener el apoyo de la propia federación.